La Junta de Castilla y León ha aprobado la construcción de una planta de biometano con impacto ambiental condicionado, lo que representa un paso significativo hacia la transición energética en la región, aunque este proyecto genera inquietudes ambientales y oposición a nivel local.
Este proyecto se encargará de procesar hasta 60.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, y se estima que producirá más de 4,15 millones de metros cúbicos de biometano al año, siempre con la obligación de cumplir condiciones estrictas para minimizar su impacto en el medio ambiente.
Detalles y preocupaciones sobre la nueva planta
La planta procesará 60.000 toneladas de residuos al año, pero ha generado inquietud por olores, afectación a la fauna protegida y la presión sobre el territorio.
Como parte de su estrategia para fomentar las energías renovables y reducir la huella contaminante, la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a esta planta de biometano. Sin embargo, existen numerosas dudas y restricciones relacionadas con el proyecto.
La instalación no solo producirá más de cuatro millones de metros cúbicos anuales de biometano, sino que también generará biogás para consumo interno. Además, se planea la incorporación de un gasoducto y una conexión eléctrica subterránea que ampliarán su alcance territorial.
Una macroplanta energética basada en residuos orgánicos
El proyecto, impulsado por Aratel Energía Renovable, incluye la construcción de una planta en La Antigua (León), orientada a transformar residuos mediante digestión anaerobia en gas renovable.
Esta instalación permitirá valorizar residuos orgánicos, incluidos SANDACH (subproductos animales), convirtiéndolos en biometano que será apto para su inyección en la red de gas.
De este modo, la Junta de Castilla y León apuesta por una planta de biometano con impacto ambiental condicionado como parte de su estrategia para impulsar energías limpias y reducir emisiones.
Producción energética millonaria y nuevas infraestructuras asociadas
La planta generará más de 4,15 millones de metros cúbicos de biometano al año, además de biogás destinado al autoconsumo térmico del proceso industrial.
El proyecto incluye infraestructuras clave como un gasoducto enterrado de conexión con la red Zamora-Benavente-León y una línea eléctrica subterránea de 343 metros, ampliando así su huella territorial.
La superficie total supera las 5 hectáreas, lo que posiciona esta instalación como una de las más relevantes en el ámbito de la economía circular y la energía renovable en Castilla y León.
Alegaciones vecinales y preocupación ambiental creciente
Durante el proceso de información pública, se registraron numerosas alegaciones de vecinos, ayuntamientos, Ecologistas en Acción y particulares, lo que refleja una fuerte preocupación social.
Las críticas se centran en la posibilidad de olores, ruido, aumento del tráfico pesado, impacto paisajístico y afectación a la fauna, especialmente en un entorno rural de alto valor ambiental.
El promotor ha defendido que solo el 30% de la materia será SANDACH y que la planta estará situada a más de 2 kilómetros de núcleos habitados, aplicando además tecnologías avanzadas para reducir molestias.
Impacto ambiental compatible, pero bajo estricta vigilancia
La Declaración de Impacto Ambiental ha determinado que el proyecto es compatible, aunque impone un amplio paquete de medidas correctoras, preventivas y de control.
Entre estas medidas se incluyen un estudio olfatométrico, sistemas avanzados de desodorización, y controles periódicos de emisiones, ruido y calidad de aguas subterráneas.
Esto subraya que la Junta de Castilla y León aprueba la planta de biometano con impacto ambiental condicionado, lo que implica un monitoreo continuo en todas las fases del proyecto.
Zona sensible para aves y permisos aún pendientes
El informe reconoce que la planta se ubicará en un área de alto valor para aves esteparias como la avutarda y el sisón, lo que obliga a implementar restricciones temporales en las obras. También se imponen limitaciones al tráfico de vehículos pesados y condiciones estrictas para el uso del digestato como fertilizante agrícola.
A pesar del visto bueno ambiental, el proyecto aún necesita autorizaciones clave y perderá su validez si no se ejecuta en un plazo máximo de 4 años, lo que deja su futuro en un estado incierto.
Este proyecto, que supera las cinco hectáreas, ha generado inquietud vecinal por posibles molestias como olores, ruido o tráfico, aunque los promotores defienden la adopción de medidas técnicas para minimizar los impactos en las áreas circundantes.
La evaluación ambiental ha autorizado la iniciativa con requisitos estrictos, que incluyen controles continuos de emisiones, estudios específicos y sistemas de mitigación, garantizando así una supervisión constante durante su desarrollo y funcionamiento.
