Recientes advertencias destacan que una nueva ley en el sector pesquero de España podría resultar insuficiente si no se ocupa de uno de los aspectos más críticos: la publicación de información sobre quién se beneficia realmente de las actividades pesqueras. Esta situación provoca que el beneficiario efectivo de un buque —quien realmente obtiene ganancias— pueda diferir del propietario legal registrado, a menudo actuando solo como intermediario.
Esta falta de transparencia permite que las sanciones por pesca ilegal y otros delitos graves, como el trabajo forzoso o el tráfico de especies, recaigan en intermediarios en lugar de en los verdaderos responsables.
El problema afecta tanto a buques con pabellón español como aquellos con bandera extranjera donde hay participación española. Investigaciones recientes revelan que el 23 % de los buques extracomunitarios de propiedad española —un total de 52 embarcaciones— podrían estar registrados en países considerados paraísos fiscales, con alto riesgo de pesca ilegal.
Liderazgo español
España se posiciona como líder en gobernanza oceánica y control pesquero, y esta nueva ley refuerza ese compromiso. No obstante, para consolidar su liderazgo y asegurar condiciones equitativas entre los operadores, es fundamental que la normativa incluya medidas de transparencia que identifiquen quiénes son los verdaderos propietarios de los buques pesqueros. Solo así se podrá garantizar que quienes infrinjan la ley rindan cuentas.
Además, la mayoría del sector pesquero español opera de forma responsable, y una mayor transparencia protegerá su reputación y competitividad.
Exigir información sobre la titularidad real es una práctica habitual en otros sectores económicos, y permitirá que la pesca española se alinee con las mejores prácticas internacionales, ayudando a las autoridades a diferenciar entre operadores responsables y aquellos que intentan eludir la ley.
Por lo tanto, se solicita al Congreso y al Senado que fortalezcan el texto de la ley para:
- Incluir la obligación clara de identificar y registrar a los beneficiarios reales de los buques pesqueros.
- Garantizar facultades sancionadoras efectivas contra los verdaderos responsables de pesca ilegal y otras actividades ilícitas.
- Asegurar que la información sobre la titularidad real sea pública, permitiendo que las autoridades, el sector y la ciudadanía sepan quién controla realmente los buques pesqueros.
Las organizaciones argumentan que la ley será insuficiente si no se revelan y sancionan a los propietarios reales (armadores) que controlan los buques ilícitos y se benefician de la pesca ilegal.
Además, reclaman que la ley obligue a publicar quiénes son los propietarios reales de las empresas pesqueras para asegurar la rendición de cuentas y la trazabilidad, considerando que esta medida es clave para combatir de manera eficaz la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
