MADRID, 8 de marzo. (EUROPA PRESS) – El PSOE y Sumar han registrado propuestas en el Parlamento instando a Casa 47, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda, a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ante todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista. Esto se concreta en los casos recientes relacionados con el Parque Central de Ingenieros de Valencia y Loma de Colmenar en Ceuta.
Las dos formaciones del Gobierno han reflejado esta solicitud en iniciativas registradas a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Este documento revisa la actividad de Sepes, ahora renombrada Casa 47, en la ejecución de vivienda pública durante el período de 2018 a 2023.
En el informe, el organismo fiscalizador dirigido por Enriqueta Chicano identificó varios casos de resolución de contratos atribuibles al contratista, como la redacción del proyecto de urbanización y las obras del Parque Central de Ingenieros en Valencia, así como la ejecución de 90 viviendas protegidas en la urbanización de Loma de Colmenar (Ceuta).
Parque Central de Ingenieros en Valencia
En el caso del Parque Central de Ingenieros en Valencia, donde se planea desarrollar viviendas sociales, la empresa pública inició el procedimiento de resolución del contrato del proyecto de urbanización, con un importe adjudicado de 189.883,20 euros (IVA no incluido), debido a la falta de atención por parte del contratista a los requerimientos del Ayuntamiento de Valencia. Como resultado, Sepes dejó sin abonar el 60% del importe del contrato y, finalmente, sus servicios técnicos finalizaron el proyecto.
Una vez aprobado el proyecto de urbanización, la empresa de vivienda inició la contratación de las obras de urbanización, pero tuvo que resolver el contrato ante «incumplimientos diversos del adjudicatario». Posteriormente, las obras se adjudicaron a Grupo Bertolín en octubre de 2024 por cerca de 1.200.000 euros.
En cuanto a Loma de Colmenar en Ceuta, el contratista adjudicatario solicitó la suspensión del contrato para construir 90 viviendas protegidas, solicitud que fue denegada por Sepes. El contratista llevó el caso a un contencioso-administrativo, donde se confirmó la denegación de la suspensión solicitada. El consejo de administración de Sepes finalmente aprobó la resolución del contrato de obras por causas imputables al contratista.
Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas ha recomendado a Sepes que, en todos los casos de resolución del contrato por causas imputables al contratista, se evalúe la viabilidad de exigir la indemnización correspondiente por daños y perjuicios, y, si es necesario, se inicie el procedimiento adecuado.
Tanto el PSOE como Sumar han registrado propuestas de resolución para llevar a cabo esta recomendación y solicitar a Casa 47 que la implemente. Estas propuestas deberán ser debatidas y votadas en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y si reciben aprobación, se integrarán al informe de fiscalización.
