MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de «profundamente decepcionante» el fallo del Tribunal Supremo que rechaza que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) le autorice a imponer los aranceles. Además, ha asegurado que los magistrados que lo han apoyado son «antipatriotas» y que recurrirá a otras leyes para imponer un nuevo gravamen global del 10%.
«La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país», ha declarado durante una comparecencia celebrada en Washington.
El Alto Tribunal, de mayoría conservadora, ha votado este viernes 6 a 3 en contra de las tesis de la Casa Blanca que aducían que los aranceles adoptados tras el ‘Día de la Liberación’ en abril del año pasado eran legales al ampararse en la IEEPA.
Trump ha tachado a los jueces que han rubricado el fallo de «desgracia» para Estados Unidos y los ha acusado de plegarse a los «demócratas radicales», a los ‘RINOS’ (republicanos solo de carnet, por sus siglas en inglés) y a «intereses extranjeros». Por el contrario, ha felicitado a los tres magistrados que se han alineado con sus postulados. «Están en contra de todo lo que hace que Estados Unidos sea fuerte, saludable y grande de nuevo. Francamente, esos jueces son una desgracia para nuestra nación. Son un ‘no’ en automático, sin importar lo buenas que sean tus ideas», ha señalado.
Respecto a los jueces, Trump ha manifestado: «No son más que unos estúpidos y unos perritos falderos de los RINOs y de los demócratas radicales de izquierda. […] Son muy antipatriotas y desleales hacia nuestra Constitución. En mi opinión, el tribunal se ha dejado influir por intereses extranjeros y por un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría pensar».
En su discurso, Trump también ha avanzado que firmará inmediatamente una orden ejecutiva amparada en la Sección 122 que impondrá un arancel global del 10%. Según ha manifestado, estos aranceles entrarán en vigor en los próximos tres días. Sin embargo, a diferencia de la ronda arancelaria anterior, los nuevos solo podrán aplicarse durante un máximo de 150 días, salvo que el Congreso los prorrogue.
Por otro lado, ha indicado que se iniciarán, en base a la Sección 301, las investigaciones necesarias contra las «prácticas comerciales injustas» supuestamente cometidas por empresas y estados extranjeros con vistas a la adopción permanente de nuevos aranceles.
Fallo del Supremo
El Supremo ha dictaminado que la IEEPA no otorga al presidente la capacidad de imponer aranceles, lo que supone la mayor derrota de Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca. «La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles», ha concluido el Supremo en respaldo de la sentencia de un tribunal inferior que ya había fallado que el empleo de esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh han expresado una opinión contraria.
De este modo, la Corte ha rechazado la interpretación del Gobierno de que la IEEPA permitía a Trump imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no estaba sujeto a las limitaciones procesales de otras leyes arancelarias. Así, la Casa Blanca debería «aducir una autorización clara del Congreso» para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.
La autorización de la IEEPA para «regular» la «importación» resultaría insuficiente al recordar que esta legislación de emergencia no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, añadiendo que «ningún presidente hasta ahora ha interpretado la IEEPA arrogándose tal facultad».
El presidente estadounidense advirtió a mediados de enero de que si el Supremo se pronunciaba en contra de los gravámenes comerciales, sería «un completo desastre» que obligaría al reintegro de «miles de millones» de dólares.
El paquete arancelario anunciado por Trump en abril de 2025 fue impugnado por una docena de estados de EE.UU. y por empresas norteamericanas que consideraban que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas que citaban la IEEPA. Esta legislación, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.
El Supremo ya escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump sobre el caso, así como los de un tribunal federal que entendió que el mandatario había invocado indebidamente la IEEPA.
