El grupo ecologista GEN-GOB ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura para solicitar la retirada del anteproyecto de la ‘Ley Agraria de Baleares’, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y exposición pública. Los ecologistas expresan su preocupación por la intención del Gobierno de las Islas Baleares de «dar el tiro de gracia al campesinado», convirtiendo esta actividad en un objetivo para fondos de inversión y empresas turísticas, y enfatizan que esto incrementaría la problemática de la dependencia del sector turístico, siendo el campesinado considerado una actividad residual.
Consideran que esta ley no defiende al sector agrario ni su invaluable aportación a la tierra. En su opinión, la norma en tramitación representa un nuevo golpe al campesinado, además de condenar los espacios naturales protegidos y poner en riesgo tanto bienes como personas al servicio de la especulación. Lamentan que «se da valor a los intereses por encima de las vidas humanas».
Los productores ecológicos reprochan falta de estrategia de futuro a la nueva Ley Agraria
Paralelamente, las asociaciones de productores ecológicos Apaema, Apaem y Apaef, que agrupan a cerca de 500 operadores, han lamentado que la Ley Agraria impulsada por el Govern no plantea una estrategia a largo plazo para el sector. En un comunicado, critican que con la futura normativa, la producción ecológica perdería su carácter estratégico a pesar de contar con tres veces más profesionales que la agricultura convencional.
Estas asociaciones subrayan que la propuesta no aborda el principal problema del campo balear: la continua ocupación del suelo rústico por actividades ajenas a la agricultura. Además, advierten que algunas medidas podrían agravar la situación al eliminar figuras de protección y permitir nuevas construcciones que ponen en riesgo el territorio.
Defienden que la ley debería proteger el suelo agrario, frenar las edificaciones e infraestructuras no vinculadas a la actividad productiva y establecer mecanismos de compensación para que cada metro cuadrado de tierra perdido se recupere en otro espacio cultivable. También critican que el documento no concreta medidas efectivas para afrontar la falta de relevo generacional, la profesionalización ni el acceso a la tierra, aunque reconozca esos problemas.
Finalmente, las asociaciones han exigido que el 50 % del impuesto de turismo sostenible (ITS) se destine a la agricultura como preservadora del territorio, lamentando que la ley ignore estrategias de adaptación al cambio climático. También han solicitado tener una presencia formal en las mesas de representación y negociación de políticas públicas de la Conselleria.
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