MADRID, 23 de marzo de 2026 (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que realizó Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025, debido a infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos.
Con esta decisión, la plataforma online deberá hacer frente al pago de la multa, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Pablo Bustinduy. Tras esta resolución del TSJM, Airbnb podrá presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
El Ministerio de Consumo identificó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados por Airbnb, que fueron retirados de la plataforma en julio de 2025. Las autoridades detectaron «prácticas comerciales desleales» de la empresa al publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
Asimismo, Consumo advirtió que algunos anuncios indicaban un número de licencia que no correspondía con la numeración utilizada por los registros, o que se difundían anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo en prácticas de publicidad engañosa.
Por estos motivos, el Ministerio de Consumo impuso a la plataforma una sanción por infracción grave, con un importe de 63,98 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio «ilícito» obtenido por Airbnb por estas prácticas durante el tiempo que se mantuvieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta su retirada.
Además de esta sanción, se identificaron otras tres infracciones: incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, sancionado con 10.000 euros; obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección, sancionado con otros 10.000 euros, e incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor, con el fin de evitar riesgos o lesiones para los consumidores durante la tramitación del expediente, sancionado con otros 55.000 euros.
Airtbnb recurrió el importe global de la sanción ante la justicia, lo que suspendió temporalmente la obligación de pagar. Sin embargo, el auto del TSJM ha rechazado la solicitud de medidas cautelares que solicitaba la suspensión del pago de la multa hasta que dictara sentencia.
