Móstoles, 17 de febrero. La exconcejala de Móstoles que presentó una denuncia interna contra el alcalde Manuel Bautista del Partido Popular (PP) ha emprendido acciones legales, elevando una querella por acoso sexual, acoso laboral, delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. En la denuncia, también se menciona al Partido Popular como entidad responsable.
El abogado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado que la querella fue presentada el pasado lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles, y se dirige no solo contra el alcalde, sino también contra el PP como persona jurídica, según los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal.
Un nutrido soporte probatorio
Suárez-Valdés ha subrayado que «la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima, así como la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente».
Con esta querella, se busca demostrar la existencia de una presunta solicitud de favores de carácter sexual a la víctima por parte del querellado, quien tenía la intención de establecer una relación personal. Además, se intentará acreditar que, tras el rechazo de la víctima, se instauró un «patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica», cuyo objetivo habría sido aislar profesinalmente a la denunciada, hasta que presentó su dimisión en 2024.
Solicita la declaración como testigos de Ayuso y Serrano
La querella incluye al PP como responsable legal ante» la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular». Por este motivo, se ha solicitado que declaren como testigos, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán, en relación con su papel en el manejo interno del caso.
Por último, la querella menciona la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid, que fueron enviados a varios medios de comunicación. En uno de estos correos, se reveló la identidad de la denunciante, un acto que, según Suárez-Valdés, podría constituir un delito de revelación de secretos.
El abogado ha enfatizado que este caso presenta «una complejidad técnica alta» debido a que parte de los hechos ocurrieron en la intimidad de la víctima y su presunto acosador, y además, los correos electrónicos oficiales de la víctima han sido borrados.
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