La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes en Madrid que su ministerio presentará a finales de enero una propuesta para un nuevo modelo de financiación que abarcará de manera conjunta a todas las comunidades autónomas, junto con sus respectivas variables de ingresos y gastos. Esta iniciativa aspira a ser aprobada por las Cortes en la actual legislatura y a entrar en vigor en 2027. Montero detalló su plan en una reunión con los consejeros del ramo, que se prolongó casi cuatro horas, y lo explicó posteriormente en una rueda de prensa.
La ministra ha indicado que el Ministerio está actualmente trabajando en los cálculos y espera finalizar la propuesta en un plazo de dos meses, para presentarla a finales de enero o, a más tardar, en febrero durante otra reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Añadió que, dado el diseño innovador de este modelo, que se concibe «por partes que se acoplan», no podrá proporcionar cifras hasta que esté terminado, ya que cualquier ajuste de una variable puede requerir cambios en otras.
Incremento del porcentaje cedido de IRPF e IVA
Montero no ha proporcionado detalles específicos sobre cómo será el nuevo modelo, pero ha subrayado que no se descarta un incremento en el porcentaje de IRPF y IVA cedido a las comunidades autónomas, que actualmente se sitúa en un 50 %. «Hemos informado a las comunidades de que vamos a aumentar la gestión de algunas figuras tributarias, pero no puedo comentar cuáles ni cuánto», declaró la ministra.
Asimismo, Montero ha indicado que en la reunión no se discutió la creación «ex profeso» de nuevos impuestos para la financiación autonómica, aunque se ha planteado la posibilidad de ceder la gestión de algunos impuestos existentes, como el de la banca. También ha dejado entrever que el principio de ordinalidad podría estar incluido en el nuevo modelo.
La bilateralidad «no compite»
En declaraciones a la prensa, varios consejeros de comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) han expresado sus dudas sobre si Montero logrará presentar la nueva propuesta en el plazo previsto y, en particular, si se basará en la «bilateralidad». Criticaron que una negociación singular con Cataluña sería «incompatible» con la multilateralidad del sistema de régimen común.
Ante esto, Montero destacó que es posible incorporar una bilateralidad sin que compita con el resto de las bilateralidades del sistema, y se refirió a la capacidad del Gobierno para llevar a cabo negociaciones simultáneamente con cada comunidad. La ministra también manifestó que anteriormente el Ministerio buscó una mayor participación de las comunidades en el diseño al discutir cada variable de manera separada, sin que esto fuera apoyado, y que ahora el modelo que presentarán a principios de 2026 será integral. Sin embargo, teme que ante estas circunstancias, los consejeros se quejen de no haber podido participar.
La ministra cree que el PP deberá decidir si apoyará un modelo que contemple a todas las comunidades sin tener un discurso disonante en cada una sobre las variables de financiación autonómica, aunque según los consejeros en el CPFF, no se muestra optimista sobre la disposición del PP a discutirlo.
El PP lo ve «un maremágnum»
La consejera madrileña, Rocío Albert, calificó la propuesta de Montero como «un maremágnum», evidenciando que «no tiene nada hecho» y que intenta «nadar y guardar la ropa» para poder presentarse como candidata a Andalucía mientras cumple con las demandas de Cataluña.
Luis Alberto Marín, consejero murciano, fue igualmente crítico, señalando que Montero ha tenido siete años para elaborar su propuesta y ahora la desarrollará en un tiempo «precipitado», tildándolo de «cuentas de la lechera».
Carolina España, consejera andaluza, se quejó de que «la bilateralidad es incompatible con la multilateralidad». Ruth Merino, consejera valenciana, describió el plan de la ministra como «un espejismo», indicando que parecía que iba a dar explicaciones concretas, sólo para luego no presentar detalles y posponer la discusión a unos meses.
Elena Manzano, consejera extremeña, exigió que cualquier debate se lleve a cabo en un órgano donde todos estén representados. Por su parte, Alicia Romero, consejera catalana, apreció lo que escuchó de la ministra, ya que se alinea con lo que desea Cataluña. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero castellanomanchego, expresó su deseo de que el plan esté listo en dos meses, aunque dudó de que sea viable, insistiendo en que habrá participación y no cree que todo esté «precocinado desde Barcelona».
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