Archivo – El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, durante una entrevista en la sede del Partido Popular, el 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). – Jesús Hellín – Archivo
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha aseverado este sábado que el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española señala al Gobierno por sus políticas «erradas» en vivienda, productividad de la economía y exceso de gasto público.
En dicho informe, el organismo internacional enfrió sus previsiones para España a un crecimiento del 2,1 % del PIB en 2026 y al 1,8 % en 2027, afectadas por la guerra de Irán y el aumento del precio del petróleo. Asimismo, recomendó a España emprender una acción «contundente» para paliar la crisis de vivienda y realizar reformas en el mercado laboral para mejorar la productividad.
En opinión de Nadal, la hoja de ruta del Ejecutivo «está erosionando su poder adquisitivo a través de los impuestos» y hay una política «desaforada» en cuanto al gasto público. Además, considera que el informe indica que la política del Gobierno de España «no está garantizando» que aumenten los salarios de las clases medias.
HAY QUE AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA
Por otra parte, el líder del PP ha criticado que «la política de vivienda del Gobierno es total y absolutamente errada», manteniendo «el control de alquileres» cuando, según el FMI, «lo que hay que hacer es aumentar la oferta de vivienda». «Esto es justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno, que solo interviene en precios y reduce la oferta», ha lamentado el vicesecretario.
A continuación, ha puesto el foco sobre los problemas de productividad de la economía, advirtiendo que sin productividad «no puede haber salarios altos ni bienestar social». Entre los factores que explican esta problemática, Nadal ha apuntado al «exceso de regulación, altos impuestos y barreras burocráticas».
Finalmente, el vicesecretario ha indicado que el FMI también advierte sobre el «exceso de gasto» por parte de las administraciones públicas en España, lo que «hace a la economía española muy vulnerable» y «pone en peligro» el sistema de pensiones.
