El Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que entró en vigor en enero de 2023, se aplica exclusivamente en España y está afectando negativamente la competitividad del país frente a otros Estados miembros de la Unión Europea. Así se detalla en un reciente informe de Deloitte, que señala que esta medida no ha sido adoptada por ningún otro país europeo debido a sus repercusiones económicas adversas.
Este tributo, promovido por la entonces ministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, tiene como objetivo incentivar la economía circular y crear herramientas económicas para la reducción y gestión de residuos. Sin embargo, el informe resalta que la carga fiscal afecta no solo al sector del plástico, sino a casi todas las industrias que utilizan envases de plástico, incrementando los costos de embalaje y agregando burocracia administrativa.
El impuesto grava los envases no reutilizables que contengan plástico, así como los productos semielaborados destinados a su fabricación. El alcance de este tributo ha comenzado a generar un aumento notable de las importaciones de productos afectados, siendo Brasil, Arabia Saudí y Egipto los principales beneficiarios.
Ventajas para Competidores Extranjeros
El informe revela que desde la implementación del impuesto, las importaciones de productos incluidos en su ámbito han aumentado de manera sostenida. Esto ha generado una ventaja competitiva para países exportadores, que pueden ofrecer precios más bajos, en comparación con los productores nacionales afectados por el tributo.
Un caso representativo es el del film estirable, un producto esencial en entornos industriales. Los fabricantes nacionales deben repercutir el impuesto en todas las transacciones desde el 1 de enero de 2023, independientemente de cuándo se fabricó el envase o se adquirió la materia prima. Las importaciones, en contraste, están sujetas a la carga fiscal únicamente al ingresar al territorio español, creando una distorsión en el mercado.
A consecuencia de esto, las importaciones crecieron un 31,8% interanual en 2022, alcanzando las 95.200 toneladas. Simultáneamente, las empresas nacionales han visto una reducción significativa en sus ventas y producción, entre un 20 y un 30% en 2023 en comparación con 2022.
La situación se ha agravado por la entrada de film estirable que afirma ser plástico reciclado, llegando a representar casi el 90% de las importaciones. Este porcentaje, según el informe, podría calificar como «fraudulento» y debería limitarse al 30% para ser considerado legítimo.
Actualmente, el costo medio para un producto nacional, incluyendo el impuesto, es de aproximadamente 2,27 euro/kg, contra 1,19 euro/kg de los productos importados de Brasil, Arabia Saudí o Egipto, que reflejan un alto porcentaje de las importaciones. Esta diferencia de costos proporciona una ventaja entre el 25% y el 30% en el precio final, lo que, de acuerdo con Deloitte, «elimina la posibilidad de competencia leal y expulsa a los fabricantes nacionales del mercado». Además, los países mencionados han centrado un 71% de sus exportaciones de filme extensible en España durante 2024.
Crisis en el Sector de Transformación de Plásticos
El informe concluye que el impuesto ha impactado gravemente la competitividad del sector de transformación de plásticos, causando «una profunda crisis». Para agravar la situación, este tributo ha elevado considerablemente los costes de operación y administrativos en todos los sectores productivos de España.
El texto subraya que España se encuentra en una «clara desventaja» frente a otros Estados miembros y mercados globales que no aplican impuestos similares. Asimismo, se señala el incremento en el uso de envases mixtos de papel y plástico, que son más difíciles de reciclar.
A pesar de que la ley que creó el impuesto incluyó una cláusula de no sujeción para envases con contenido reciclado, esta no puede comprobarse técnicamente, ya que no existe un análisis físico o químico que lo demuestre.
Ante esta situación, Deloitte insta a realizar reformas legales, técnicas y operativas con el fin de asegurar la eficacia recaudatoria, la certeza jurídica y la coherencia del impuesto con su finalidad ambiental.
