El Pleno del Congreso votará este jueves la derogación o convalidación del decreto ley que prorroga el llamado ‘escudo social’, que incluye la moratoria antidesahucios. De nuevo, el PP, Vox y Junts han anunciado su voto en contra del texto, que ya fue rechazado hace semanas en la Cámara Baja.
Como todo decreto ley, el texto del escudo social, que también incluye la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables, está en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero debe ser sometido al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días.
La prórroga del escudo social ya se votó en el Parlamento hace un mes, pero en un decreto que también incluía la revalorización de las pensiones y que fue derogado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que tumbaron ese texto argumentaron que estaban a favor de la revalorización de las pensiones, pero no de la moratoria antidesahucios ni de la prohibición de cortes de suministros básicos a la población vulnerable. Como resultado, el Gobierno decidió separar el decreto en dos textos que se votarán de forma individual.
Además, el Ejecutivo introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social, para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que solo tienen una vivienda en alquiler. A pesar de esta modificación, PP, Vox y Junts han manifestado que siguen oponiéndose al decreto.
La portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, ha reiterado este miércoles su intención de votar en contra, alegando que el texto favorece las «ocupaciones» al crear obstáculos para el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, fuentes del Gobierno creen que Junts está utilizando excusas.
Ayudas a víctimas
Además de esa cuestión, también se votarán los decretos de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.
El decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios prevé compensaciones que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, dependiendo de la categoría de daños sufridos. Por otro lado, el decreto de tope a los precios busca limitar el costo de productos y servicios en situaciones de emergencia, como los accidentes ferroviarios ocurridos en enero o los temporales en Andalucía.
De esta manera, el Gobierno tendrá la potestad de limitar el precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, asegurando que no pueda exceder el precio máximo registrado en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación.