El precio del alquiler en España cerró 2025 con una subida del 8,5 % interanual y un coste medio de 14,7 euros por metro cuadrado, según los cálculos difundidos por el portal inmobiliario Idealista. Barcelona se posiciona como la capital más cara para arrendar una vivienda.
En concreto, a cierre del mes de diciembre de 2025, arrendar una vivienda en España tenía un coste de 23,8 euros/m² en Barcelona capital, seguido por Madrid (22,7 euros/m²), Palma (18,3 euros/m²), San Sebastián (17,9 euros/m²), Valencia (15,9 euros/m²) y Málaga (15,8 euros/m²).
Entre los grandes mercados, las mayores subidas por capitales se registraron en Madrid (9,7 %), Alicante (8,3 %), Sevilla (7 %), Valencia (6,4 %), Palma (6,4 %), Málaga (4,7 %), Bilbao (3,1 %) y Barcelona (1,9 %).
De hecho, 25 de las 50 capitales españolas analizadas marcaron máximos en el último trimestre de 2025, entre ellas Valencia, Málaga y Bilbao, según indica Idealista, que analiza los precios de oferta sobre metros cuadrados construidos publicados por los anunciantes.
Madrid, la comunidad más cara
Madrid es la comunidad con los alquileres más caros, alcanzando los 20,8 euros/m², seguida por Baleares (19,1 euros/m²), Cataluña (18,6 euros/m²) y Canarias (15,3 euros/m²).
Las mayores subidas se dieron en Castilla-La Mancha (11,7 %), La Rioja (10,6 %), Madrid (10,4 %), Andalucía (9,9 %), Aragón (9,9 %), Comunidad Valenciana (9,7 %) y Castilla y León (9,5 %). Cabe destacar que Cataluña registró la menor subida, un 3 %.

Por provincias, las más caras son Madrid (20,8 euros/m² al mes), Barcelona (20,4 euros/m²), Baleares (19,1 euros/m²) y Málaga (16,6 euros/m²). La mayor subida se dio en Lleida (16,4 %). En la Comunidad de Madrid, los alquileres se encarecieron un 10,4 %, mientras que en la provincia de Barcelona lo hicieron un 2,5 %.
Idealista asegura que el mayor problema que afronta el mercado del alquiler es la falta de oferta disponible. La competencia a la que se enfrentan los arrendatarios es «terrible», lo que deja a muchas familias, que podrían hacer frente al pago de los alquileres, excluidas por otras con perfiles de riesgo aún menores.
