El número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido esta tarde tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por una agente en su contra por un delito de agresión sexual. Según han informado fuentes del Ministerio del Interior, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado su decisión de renunciar al cargo al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo que se hará efectivo en las próximas horas.
La subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, asumirá temporalmente el cargo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la orden que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. Este artículo establece que «en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico».
El juez cita a González el próximo 17 de marzo
La dimisión de González se produce pocas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, tras la querella presentada por la agente. Ese mismo día, también será citada la mujer para escuchar su relato.
El juez tomó esta decisión tras incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella, en una resolución en la que se afirma que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial».
Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también solicita investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.
La agente denuncia que el DAO de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una «relación de afectividad», la agredió sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado, estando de servicio, y luego fue coaccionada para que no denunciara los hechos.
La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las «negativas inequívocas, claras y persistentes» de la agente, refiriéndose a la «violencia física» y a la «intimidación ambiental», y denuncia una «situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental».
