Pamplona.- El jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía a la acusada de matar a su compañera de celda en la cárcel de Pamplona en 2021. La condena podría significar una pena de prisión de entre 15 y 25 años. Además, se ha determinado la atenuante de patología psíquica en este caso.
La magistrada que preside el juicio ha dictado prisión provisional por riesgo de fuga para la acusada, tal y como habían solicitado tanto la Fiscalía como la acusación popular. En cuanto a las penas, la defensa ha solicitado que la condena sea de 15 años de cárcel, la Fiscalía ha pedido 19 años al considerar la atenuante como «simple», mientras que el abogado de la pareja de la mujer fallecida solicita una pena de 25 años.
Los hechos ocurrieron en la noche del 7 al 8 de noviembre, entre las 21:00 y las 3:10 horas, en la celda que ambas compartían. La acusada estaba en el Programa de Prevención de suicidios desde el 14 de octubre de 2021, y se le había asignado a una interna como acompañante permanente para evitar un posible suicidio. Sin embargo, el mismo 7 de noviembre, la compañera había manifestado su deseo de darse de baja en esa tarea.
El jurado ha considerado probado por unanimidad que la acusada estranguló y asfixió a su compañera con la intención de acabar con su vida, descartando la posibilidad de muerte natural. De acuerdo a la conclusión, el jurado afirmó que la acusada realizó la asfixia “consciente y voluntariamente”.

Asfixia “consciente y voluntariamente”
Asimismo, se ha señalado que la acusada perpetró la muerte de forma súbita y sorpresiva, desde atrás, lo que redujo notablemente la posibilidad de defensa de la víctima. Sin embargo, se ha podido comprobar que la acusada era consciente de la desigualdad de fuerzas y se aprovechó de esta situación de ventaja.
Como atenuante, se ha determinado la enfermedad mental de la acusada, descartándose que hubiera tenido un brote psicótico antes de cometer el delito.
En términos de compensación, la Fiscalía ha solicitado 100.000 euros en indemnización para la hija, la madre y la pareja de la fallecida. Las acusaciones y la Fiscalía han insistido en que la institución penitenciaria debe asumir la responsabilidad civil subsidiaria.
