El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 9 de julio en el Congreso de los Diputados. Este plan contempla medidas específicas para prevenir y castigar la corrupción, así como la creación de una Comisión Interministerial que permitirá su implementación y seguimiento.
Con la aprobación de este Plan, el Gobierno busca establecer una hoja de ruta clara hacia una Administración más íntegra y transparente. Este enfoque tiene como objetivo profundizar en nuevas iniciativas para combatir la corrupción de manera efectiva.
Las medidas incluidas en el Plan siguen las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE, de la Comisión Europea y de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Además, incorpora aportaciones de la sociedad civil, planteadas en el Foro de Gobierno Abierto.
Cinco ejes y quince medidas
El Plan se articula en cinco ejes y contempla quince medidas concretas.
- Eje 1: Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles. Se destaca la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que será el órgano central en la Administración General del Estado para la prevención, supervisión y persecución de la corrupción. La Agencia tendrá la facultad de iniciar investigaciones y supervisar el cumplimiento de normativas clave, además de articular mecanismos de protección para informantes.
- Este eje también extiende la metodología de prevención del fraude aplicada en la adjudicación de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsa la Ley de Administración Abierta y fomenta un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción.
- Se prevén controles aleatorios del patrimonio de altos cargos y se potenciará el uso de Big Data y la Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Además, se buscará la aprobación de la conocida como ‘Ley de lobbies’.
- Para aumentar la transparencia sobre la financiación de partidos políticos, se propone realizar auditorías externas para aquellos con financiación pública superior a 50.000 euros. Además, se reducirá el umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros y se establecerá un plazo de publicación a un mes desde su recepción.
- Eje 2: Protección de los informantes de irregularidades o casos de corrupción. Se busca fortalecer la Ley 2/2023 para ofrecer una mayor protección a denunciantes, incluyendo mejoras en los canales de alerta y protecciones del anonimato.
- Eje 3: Investigar, juzgar y sancionar la corrupción ya detectada. Este apartado refuerza la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial, creando secciones especializadas en cada tribunal de instancia, otorgando carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos y ampliando los plazos de prescripción de los delitos.
- Se establecerán mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, modificando el Código Penal para incrementar penas y nuevos delitos, así como crear un ‘blacklist’ que inhabilite a aquellas empresas condenadas por corrupción.
- Eje 4: Recuperación de activos procedentes de actividades corruptas, mediante el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Se creará la figura del ‘decomiso administrativo’ o ‘decomiso preventivo’, permitiendo incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa.
- Eje 5: Promover una cultura anticorrupción. Esto incluye programas de formación obligatoria para empleados públicos, campañas sociales para aumentar la concienciación y encuestas anuales sobre la percepción de la corrupción.
Real Decreto para crear la Comisión Interministerial
Además de la aprobación del Plan Estatal, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que establece la creación de la Comisión Interministerial para impulsar esta iniciativa. Esta comisión se encargará de la coordinación política y técnica entre todos los ministerios, supervisando las actuaciones de los distintos departamentos y garantizando la correcta implementación, seguimiento y evaluación del Plan.
La Comisión será presidida por la titular del Ministerio de Hacienda e incluirá a los ministros de Trabajo y Economía Social; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Cultura; y Transformación Digital y de la Función Pública, además de la dirección del Gabinete del presidente del Gobierno y el representante de la Agencia Independiente de Integridad Pública una vez constituida.
Reforzar las Administraciones frente a la corrupción
Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con una gobernanza íntegra, eficaz y transparente, buscando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y avanzando hacia un modelo institucional más robusto frente a la corrupción, un desafío crítico para la democracia.
Estas acciones se suman a más de 30 iniciativas que el Gobierno ha implementado en defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción, tales como la Ley de protección del informante y el Plan de Acción por la Democracia.
Con estas estrategias, España se posiciona entre los países que abordan la corrupción desde un enfoque estratégico, institucional y transversal.
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