La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir por la vía judicial el decreto del Gobierno español que establece la reubicación de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas. Esta decisión se toma en el contexto de lo que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, califica como un intento del Ejecutivo de «ocultar información» sobre el reparto de estos jóvenes.
El Gobierno ha tratado de “ocultar información”
Rodrigo ha manifestado ante los medios que la administración central está escondiendo información vital sobre la distribución de los menores. Según ha señalado, necesita justificar por qué algunas regiones, como Madrid, reciben un mayor número de menores, mientras que otras, como el País Vasco o Cataluña, no reciben ninguno. «Solo porque al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa”, ha afirmado Rodrigo.
A la espera de conocer cómo será el reparto
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha indicado que aún están esperando detalles sobre cómo se llevará a cabo el reparto de menores migrantes. Matute ha señalado que todos los dispositivos en la Comunidad de Madrid están «sobresaturados» y no cuentan con los medios adecuados para atender a estas personas «como se merecen».
Tras una visita a un dispositivo sanitario en San Sebastián de los Reyes, Matute reiteró que la Comunidad de Madrid atenderá tanto a menores como a adultos en condiciones de dignidad, pero destaca que los recursos son insuficientes. «Me preocupa y apena» la política migratoria del Gobierno de España, que, según ella, «lo que hace es soltar a las manos de las mafias a una población vulnerable», sin existir un sistema reglado para su acogida, lo que resulta en una política de inmigración «nefasta».
Finalmente, Matute subrayó que el Gobierno español enfrenta un «problema muy importante» en torno a la inmigración, dado que están tomando decisiones sin contar con el input de las comunidades autónomas. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se ha visto en la situación de no contar con información, enterándose a menudo a través de los medios de comunicación cuando este asunto debería tratarse de manera más seria y en despachos.
