El Senado ha aprobado este miércoles la ley para combatir la multirreincidencia, una iniciativa de Junts que ha incorporado durante su paso por la Cámara Alta varias enmiendas. Estas suponen un endurecimiento de la ley de extranjería, con más controles para los migrantes que soliciten la regularización, lo que obligará a que la norma pase de nuevo por el Congreso.
El texto impulsado por Junts modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, penalizando con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, se propone tipificar como delito el ‘petaqueo’, una práctica que consiste en el uso de embarcaciones ‘petaqueras’ o guarderías que en alta mar suministran bidones de combustible a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
Tras las modificaciones introducidas por el Partido Popular (PP) en el Senado, se modifica también la ley de extranjería con un nuevo artículo sobre «garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España», que establece que todas las autorizaciones de residencia deberán verificar que el solicitante carezca de antecedentes penales.
El senador del PP, Juan Bautista Milían, defendió los cambios introducidos por su partido, destacando que no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control riguroso. «Exigir solo una declaración responsable es convertir a España en el mayor coladero de delincuentes de toda Europa. Es hacerle el juego sucio a las mafias», expresó el senador. Propuso que para obtener o mantener una autorización de residencia sea imprescindible carecer de antecedentes penales, no solo en España, sino también en los países donde se haya residido previamente.
Preocupación por las enmiendas en el PSOE
El senador del PSOE, José María Oleaga, respondió manifestando su preocupación por que estas enmiendas suponen la criminalización de la inmigración, y acusó al PP de «comprar la agenda ultra» de Vox. Desde el mismo partido, Dionís Oña advirtió que no hay justificación para la expulsión automática de un extranjero sin tener en cuenta la gravedad del delito cometido y su situación personal o familiar, ni que se solicite la expulsión sin juicio previo y sin sentencia firme. El PSOE advirtió que lo aprobado en el Senado con la mayoría del PP «será corregido» en el Congreso de los Diputados.
ERC se abstiene en la votación
ERC, por su parte, se abstuvo en esta votación, al igual que hizo en el Congreso, al considerar que «el punitivismo de la multirreincidencia es tan inútil como cruel», advirtiendo que incrementar las penas solo favorece que «de la no violencia se pase a la violencia delincuencial». Mario Zubiaga (EH Bildu) calificó la norma de «reforma placebo» y afirmó que una respuesta meramente punitiva ha demostrado no tener efecto alguno.
Desde Junts, el senador Eduard Pujol celebró la aprobación de esta ley, señalando que la multirreincidencia es «una auténtica pesadilla» que ha roto la convivencia en muchos barrios y lamentó que la norma haya estado más de dos años «durmiendo el sueño de los justos» en el Congreso.
Medidas que reclama Vox
Vox, por su parte, ha reclamado medidas como la expulsión inmediata del territorio nacional para quienes cometan delitos repetidamente y la prohibición de acogerse a cualquier procedimiento de arraigo social o laboral, o a cualquier residencia si se ha cometido un delito.
Entre los cambios introducidos en el texto, figura una enmienda del PP que exige un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia, y otra que obliga, en un plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada 100.000 habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.
El texto ha incorporado, asimismo, una enmienda del PSOE que establece un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, exigiendo un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos ‘indoor’ de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico. En cuanto a Vox, se ha añadido una para permitir que las entidades del sector público local puedan ejercer la acción penal en los delitos de hurto.
