La Guardia Civil ha detectado más de 900 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, como pozos ilegales, en el conjunto de España gracias al dispositivo desplegado entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Esta operación, conocida como Zahorí, ha dejado como resultado 31 personas investigadas.
En total, se han identificado 941 infraestructuras ilegales, siendo la mayoría pozos ilegales (60 %). El 24 % son sondeos, perforaciones para acceder a acuíferos, el 4 % son balsas y el 12 % restante se refiere a otras modalidades de captación ilegal de agua, como derivaciones o trasvases.
270 millones de euros en daños al dominio público hidráulico
Los informes periciales estiman que los daños ocasionados a las aguas estatales, el llamado dominio público hidráulico, ascienden a más de 270 millones de euros. El Seprona también evalúa el impacto medioambiental sobre la flora y la fauna para determinar la gravedad de los hechos y calificar correctamente los delitos.
Durante este periodo, la operación Zahorí ha permitido detectar 29 delitos, siendo los de distracción de aguas de uso público los más frecuentes (59 %). Al mismo tiempo, los ilícitos contra los recursos naturales y el medioambiente representan el 28 %, mientras que los cometidos contra la ordenación del territorio suponen el 7 %.
Esta operación fue bautizada con el nombre que se le da a las personas con la facultad de descubrir manantiales ocultos y ha dado lugar a la tramitación de 1.684 infracciones administrativas, siendo el 77 % de estas por vulneraciones de la normativa en materia de aguas.
Ocho investigados en el entorno de Doñana
El Instituto Armado destaca algunas de las operaciones más relevantes de este periodo, como la desarrollada en el entorno del parque nacional de Doñana y su corona forestal. En la operación Subterra se investigaron a ocho personas y cinco empresas, esclareciendo tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como dos delitos contra la ordenación del territorio.
En Las Rozas (Madrid), la operación Bredo permitió descubrir un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro que, pese a ser legal, contaba con un by-pass, una derivación que evitaba que se registrara el caudal extraído.
Se estima que en este caso se habría aprovechado agua ilícitamente desde 2002, valorada en 1,6 millones de euros. La investigación sigue abierta y hay dos personas físicas bajo investigación por presuntos delitos de usurpación de aguas, defraudación, estafa agravada y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En Mazarrón (Murcia), otras dos personas fueron investigadas e imputadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente tras poner regadío en 47 hectáreas de terreno de secano, provocando un daño ambiental cifrado en 2,9 millones de euros. Esta operación fue bautizada como ‘Land Change’.
También se encontraron pozos clandestinos destinados al regadío y captaciones legales manipuladas con by-pass en Córdoba. En una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la operación Captaqua concluyó con una persona física y una entidad jurídica investigadas.
La Guardia Civil resalta la importancia de proteger el medio ambiente y combatir el expolio de los recursos naturales en un contexto de escasez hídrica y sequías recurrentes.
En los alrededores del Parque Nacional de Doñana, la operación Subterra permitió la investigación de ocho personas y cinco empresas, revelando delitos ambientales y de gestión del territorio. Además, se ejecutaron otras actuaciones en Las Rozas y Mazarrón, que pusieron de manifiesto la existencia de pozos ilegales y contadores manipulados. La Guardia Civil hace hincapié en la necesidad de proteger los recursos naturales durante la actual sequía.
