– Marta Fernández – 
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) – El Estado deja de recaudar entre 21.000 y 51.000 millones de euros por las rentas no declaradas en el IRPF, lo que equivale aproximadamente a entre el 19% y el 47% de lo que ingresa este impuesto y a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB con datos de 2022, según un estudio publicado por Fedea este lunes.
El informe, elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate de la Universidad de Zaragoza, cuantifica la brecha fiscal, entendida como la renta no declarada en el IRPF de las 15 comunidades autónomas de régimen común entre 2003 y 2022. Esta brecha se cifra en hasta 51.000 millones de euros.
Los autores aclaran que la brecha estimada debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que además de la ocultación deliberada de rentas, puede incluir otros conceptos, como elusión fiscal o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes. Asimismo, advierten que no debe confundirse con la economía sumergida, que engloba actividades ilegales o empleo no registrado y afecta a otros impuestos.
El coste recaudatorio neto baja a hasta 41.000 millones
Tras descontar los casi 10.000 millones de euros de IRPF recuperado en 2022 mediante actuaciones de control de la Agencia Tributaria, el coste recaudatorio neto se situó entre 11.300 y 41.300 millones de euros, lo que suponía entre el 0,8% y el 3% del PIB.
El estudio de Fedea precisa que las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario no declaradas en el IRPF concentran la mayor parte de este coste, mientras que las rentas del capital mobiliario tienen un peso menor, junto con las rentas del trabajo.
La renta no declarada ha ido descendiendo
Los resultados muestran una mejora sostenida en el cumplimiento fiscal agregado en el IRPF a lo largo del periodo analizado. A comienzos de los años 2000, la renta declarada representaba en torno al 70-75% de la renta real, alcanzando en los últimos años niveles cercanos al 80-85%. Sin embargo, a pesar de esta evolución favorable, la brecha fiscal sigue siendo elevada, ya que en 2022, la renta no declarada ascendió a casi 112.000 millones de euros.
Por tipo de renta, las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%. Esto se debe al sistema de retención en origen (por parte de las empresas), que limita de manera eficaz las posibilidades de ocultación.
Por el contrario, las rentas distintas del trabajo (inmobiliarias, mobiliarias y de actividades económicas), que tienen una trazabilidad administrativa mucho menor, muestran niveles de cumplimiento fiscal significativamente más bajos: aunque ha habido una mejora notable, en 2022 aún existe una brecha fiscal de casi la mitad de estas rentas.
Mejora del cumplimiento fiscal en todas las CCAA
El análisis territorial revela una mejora generalizada del cumplimiento fiscal agregado en todas las comunidades autónomas y una reducción de las disparidades regionales. Las mayores mejoras se han registrado en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha; mientras que los avances más moderados corresponden a Asturias y Aragón.
En cuanto al tipo de renta, el cumplimiento fiscal en las rentas del trabajo mejora en todas las comunidades, siendo más intenso allí donde existía mayor margen inicial, lo que ha favorecido una clara convergencia territorial. Sin embargo, en las rentas distintas del trabajo, la evolución es mucho más heterogénea: algunas regiones, como Madrid, experimentan progresos muy significativos, mientras que otras, como Murcia o Asturias, apenas mejoran, resultando en un mapa de cumplimiento fiscal más polarizado que hace dos décadas.
Los autores del estudio advierten que esta brecha fiscal tiene un impacto considerable en términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que reduce la recaudación, genera desigualdad entre contribuyentes y puede obligar a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen.
Para mitigar este problema, algunos países realizan estimaciones oficiales periódicas para evaluar el cumplimiento fiscal y orientar sus políticas de control. En España, en cambio, no se dispone de estimaciones oficiales sobre este indicador.
Metodología utilizada
La metodología del estudio consiste en comparar la renta declarada en el IRPF, obtenida a partir de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes, con la renta real de los hogares, que se deriva de la Contabilidad Regional de España. Dado que ambas fuentes no son completamente comparables, se han hecho ajustes basados en información adicional.
El porcentaje de renta real que se declara constituye el grado de cumplimiento fiscal, y la diferencia respecto al 100% representa la brecha fiscal. Este análisis se centra en las categorías de renta para las que la correspondencia entre ambas fuentes de información resulta fiable: rentas del trabajo, rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, y rentas del capital mobiliario.
Finalmente, el impacto recaudatorio revela que, incluso en el escenario más conservador (una pérdida neta de 11.300 millones), la brecha fiscal en el IRPF representa un volumen de recursos comparable al de algunas de las principales partidas del gasto público, subrayando la importancia de este fenómeno desde el punto de vista de las finanzas públicas y la necesidad de abordarlo.