Las organizaciones ecologistas se han manifestado conforme con la propuesta de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, pero piden que este no se quede en una simple declaración de intenciones, sino que debe tener objetivos ambiciosos y las medidas que se planteen deben basarse en la ciencia.
Por ello, proponen una serie de ‘líneas básicas’ que el Pacto de Estado debería considerar, con el objetivo de abordar la mitigación del cambio climático y la lucha contra sus peores consecuencias. Entre ellas destacan la prevención de incendios forestales, sequías y calor extremo, además de planes para renaturalizar los ecosistemas, actualizar los sistemas hídricos, optimizar las alertas tempranas, entre otros.
La crisis climática exige un consenso político
Tras el anuncio del presidente del Gobierno de un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, las ONG, que llevan años demandando un acuerdo de este tipo, consideran que estamos ante una oportunidad única para lograr un acuerdo de Estado transversal y vinculante que esté basado en el conocimiento científico, que sea mucho más ambicioso que las políticas y objetivos actuales, e incluya medidas como, por ejemplo, la mejora de la fiscalidad aplicada a la gestión forestal o partidas presupuestarias que pongan el foco en la prevención y no en la extinción.
Ante la gravedad de los impactos sociales, económicos y ambientales provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, las organizaciones ecologistas llevan años exigiendo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Destacan que lo vimos en la DANA de Valencia y lo estamos viviendo en directo en la situación actual, con una ola de calor que incrementa el riesgo extremo de incendios forestales y cambia el comportamiento del fuego que arrasa nuestros montes.
Una vez más, eventos climáticos han cobrado vidas, han dejado personas heridas, causado destrucción de viviendas, infraestructuras y modos de vida, miles de personas desalojadas y la pérdida de patrimonio natural y cultural.
Este pacto de Estado, que lleva tiempo siendo reclamado por la sociedad civil, es la oportunidad para definir una hoja de ruta nacional ambiciosa, basada en la ciencia y a la altura de las circunstancias contra la emergencia climática que se está cobrando ya tantas vidas.
El cambio climático es una realidad que debemos afrontar
Y, para ello, tiene que dotarse de compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas y poner especial foco en aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Solo así se diferenciaría de un mero gesto político. El futuro es ahora.
El pacto debe involucrar a toda la sociedad, reconociendo que el cambio climático es una realidad que nos afecta a todas las personas, pero no a todo el mundo por igual ni con la misma responsabilidad.
El objetivo fundamental del pacto debería ser convertir la Declaración de Emergencia Climática, en vigor desde enero de 2020, en políticas reales con objetivos de mitigación y adaptación verdaderamente ambiciosos basados en la ciencia, que dejen atrás la tibieza. Estas medidas deberían plasmarse en un calendario a corto, medio y largo plazo con metas intermedias verificables.
Para su puesta en marcha, las organizaciones ecologistas piden la convocatoria urgente del Consejo Nacional del Clima, para que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, ayuntamientos, comunidad científica y agentes sociales (sindicatos, ONG y demás entidades) allí representados propongan y acuerden, fuera de la confrontación partidista, las medidas más urgentes que es necesario tomar.
Asimismo, la organización considera crucial establecer mecanismos de coordinación interterritorial para evitar guerras competenciales en situaciones de emergencias.
Medidas de gestión, prevención y adaptación
Hace falta actuar en cuatro grandes ejes: incendios forestales, inundaciones, olas de calor y sequías-desertificación.
- Estrategia nacional contra incendios forestales. Ante la evidencia de que los incendios han evolucionado y se multiplican los episodios de incendios de alta intensidad, es urgente gestionar anualmente, como mínimo, el 1 % de la superficie forestal a escala nacional (260.000 ha) para preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación, de manera que no haya que lamentar pérdidas de vidas y se reduzca el riesgo para la población y el patrimonio natural y cultural.
- Plan estatal para prevenir los daños por inundaciones debidos a fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, danas) que incluya la prohibición de construcción de infraestructuras y la desclasificación de suelos urbanísticos en áreas inundables para reducir los impactos de las inundaciones sobre la población. En el caso de las viviendas e infraestructuras existentes, deben asegurarse que cuentan con planes de gestión del riesgo en inundaciones implementados, comunicados y testados.
- Plan estatal de renaturalización y restauración de ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces para reducir los efectos de las inundaciones. Debe fomentarse la cubierta vegetal y otras prácticas agrícolas para proteger el suelo agrícola, evitar una mayor escorrentía superficial, aumentar la infiltración y reducir la erosión.
- Plan de adaptación al calor extremo. El cambio climático ha triplicado las muertes por calor, que se producen mayoritariamente en las ciudades. Impulsar los planes municipales de adaptación al calor, con especial atención a la creación de refugios climáticos en todas las ciudades. También debe abordar la pobreza energética en verano, que duplica a la de invierno, y la sufren hasta una de cada dos familias vulnerables.
- Sequía y desertificación. Es necesario encaminar la política de gestión de los recursos hídricos hacia una transición hídrica justa, adecuada al contexto de cambio climático. Para ello, se debe combatir la sobreexplotación y contaminación del agua, especialmente de acuíferos subterráneos y recursos estratégicos y reducir el consumo total de agua, con especial foco en el riego intensivo, que acapara casi el 80 % del agua.
- Sistemas de alerta temprana meteorológica e hidrológica. Ante esta emergencia, los protocolos de actuación y los sistemas de alerta temprana son las medidas más eficaces a corto plazo para proteger a la población, salvar vidas y limitar daños personales y materiales derivados de eventos extremos. Los estudios demuestran que los países con sistemas de alerta temprana consolidados tienen tasas de mortalidad ocho veces más bajas que aquellos con sistemas limitados o inexistentes y pueden reducir los daños económicos en un 30 %.
- Adaptación de infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, redes eléctricas) a olas de calor, subidas del nivel del mar, inundaciones o incendios.
- Avanzar con urgencia en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, dotándolo de las herramientas y presupuestos adecuados para que la adaptación llegue a los ámbitos autonómicos y locales.
- Aprobar una normativa que obligue a empresas y administraciones públicas a prevenir riesgos laborales asociados al cambio climático.
Cambio climático: medidas de mitigación
Para reducir la amenaza que suponen los eventos meteorológicos extremos, es imprescindible aumentar la ambición climática con medidas que reduzcan las emisiones y frenen el avance del cambio climático. El objetivo es reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, la única vía posible para evitar los peores efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, posición que debe defender el Gobierno español en las negociaciones europeas e internacionales.
- Para conseguir el objetivo del Acuerdo de París, de un calentamiento global máximo de 1,5 ºC, España debe comprometerse a una reducción de sus emisiones en 2030 del 55 % respecto a las emisiones de 1990 y alcanzar emisiones netas cero en 2040. Los Gobiernos municipales, autonómicos y el estatal deben tomar medidas realmente ambiciosas y valientes para reducir el uso de combustibles fósiles lo más rápidamente posible hasta su abandono antes de 2040.
