MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) – La Comisión de Vivienda del Congreso ha aprobado este martes, a pesar del rechazo del PSOE y Sumar, una iniciativa del PP que solicita a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparecer trimestralmente ante este órgano para informar sobre la aplicación de la Ley de Vivienda y la evolución de los precios de compra y alquiler.
El texto recibió el apoyo del grupo proponente y de Vox en una sesión de la comisión en la que no participaron la mayoría de los aliados del Gobierno de coalición. Precisamente, ese mismo martes, el socio minoritario del Ejecutivo, a través de su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, sugirió a Rodríguez que dejara su puesto si no estaba dispuesta a tomar medidas «serias y valientes» para controlar los precios de la vivienda.
En el debate sobre la iniciativa, solo se expresaron representantes de PSOE, Sumar, PP y Vox, y en la votación se produjo un empate a 17 votos. Ante esta situación, se recurrió al voto ponderado, que considera la representación en el Pleno, permitiendo que el texto se aprobara gracias a los 170 votos que suman en el hemiciclo los ‘populares’ y los de Santiago Abascal.
Aplicación de la Ley y Ocupación
Con este acuerdo, el Congreso ha instado al Gobierno a establecer la «comparecencia obligatoria» de la ministra de Vivienda ante la comisión correspondiente «con una periodicidad trimestral» para llevar a cabo un «seguimiento exhaustivo» de la política de vivienda del Gobierno.
Concretamente, se requiere su presencia para informar sobre:
- La evolución de precios de compraventa y alquiler.
- La ejecución presupuestaria en materia de vivienda.
- La aplicación de la Ley de Vivienda y sus efectos en el mercado.
- El avance de las políticas públicas de promoción de vivienda asequible.
- El estado de la ocupación ilegal y las medidas adoptadas para su contención.
Este desarrollo refleja la creciente preocupación por el acceso a la vivienda en España, tema central en el debate político moderno y que afecta a un número significativo de ciudadanos. A medida que los precios continúan aumentando, la presión para que se implementen soluciones efectivas se intensifica.
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