La gestión de los montes en España se enfrenta a un dilema significativo: las limitaciones y la regulación del aprovechamiento de estos espacios naturales obstaculizan diversas actividades. Expertos en el área han expresado sus inquietudes sobre cómo la aplicación excesiva de normativas ha llevado al abandono de muchos montes, que se traduce en una disminución de su rentabilidad y, en última instancia, en un incremento del riesgo de incendios.
Enfoque de las autorizaciones en la gestión forestal
Miguel Ángel Soto comenta: “Sí, hay autorizaciones. Lo que no te dejan es hacer lo que quieras, cómo quieras y de la manera que quieras”. Explica que para realizar tareas de desbroce o retirada de árboles, es necesario un permiso solicitado a la consejería de la comunidad autónoma. Posteriormente, un guarda forestal verifica qué se debe hacer y cómo hacerlo.
El experto añadió que la presencia de un nido de una especie protegida puede influir en la autorización, que se aprobará en función de la época del año, las limitaciones presentes y si no se causa ningún daño. En el caso de la quema, esta “se hace en días concretos, sin viento, con un nivel de humedad concreto, etcétera”.
Carlos Martín argumenta que “habría que ver una por una las normas autonómicas y ver cómo de complejo es realizar cada una de las solicitudes” relacionadas con las tareas de aprovechamiento. Asegura que no es verosímil afirmar, como se dice en redes sociales, que está prohibida la limpieza del monte público a lo largo del año. Estas acciones son parte de los trabajos encomendados a los bomberos forestales en los meses con bajo riesgo de incendios.
Impactos de la sobrerregulación
Inés González Doncel expresa que “los vecinos no piden que limpien el monte [en referencia a la administración], lo que piden es aprovechar los recursos que tiene el monte, que es un matiz muy importante”. Según ella, los montes están abandonados debido a que ya no es rentable aprovechar los recursos naturales, principalmente por los mercados fluctuantes.
Adicionalmente, señala que “hay políticas también proteccionistas, muchas veces muy restrictivas y, en consecuencia, aprovechar el monte es poco rentable”. Aunque las actividades que pueden generar riesgo de incendio están reguladas y prohibidas, la ingeniera menciona la existencia de una “sobrerregulación” que complica más las cosas.
Dilemas entre conservación y aprovechamiento
González Doncel menciona que la Ley de Montes y sus homólogos autonómicos son demasiado proteccionistas, lo que resulta en un exceso de regulación en la búsqueda de la conservación. En su experiencia, la última pieza de la burocracia son los agentes forestales, quienes tienen la autoridad de decidir si lo que se está haciendo es correcto o no.
Así, se observa un conflicto entre dos visiones: “Una idílica de la naturaleza que se cuida sola y otra más profesional en donde consideramos que la naturaleza se debe conservar y cuidar, pero no venerar”. Sin embargo, la opinión pública tiende a estar dominada por una mayoría que sostiene que la naturaleza no debe ser tocada, dado que muchas personas viven en la ciudad y buscan escapar a un entorno salvaje alejado de la intervención humana.
González Doncel subraya la presión que existe entre la población urbana, que se horroriza ante la idea de que se corte un árbol, aun cuando este tipo de decisiones están apoyadas en documentos de ordenación mucho más antiguos, incluso de más de 50 años. En este contexto, la administración autonómica debe ejercer una labor de vigilancia y tutela, enfrentándose al problema de la falta de un criterio único y homogéneo tanto para quienes actúan en el monte como para quienes gestionan las autorizaciones.
