En una misiva enviada a la comisaria de medio ambiente, Jessika Roswell, varias comunidades autónomas se quejan de la «insólita situación» y recuerdan que, para que España pueda remitir a los organismos comunitarios el informe sexenal, se requiere la aprobación por mayoría de las comunidades.
¿Qué dice la ciencia?
En la carta, que por el momento no ha sido respondida, las comunidades subrayan que el pasado 10 de julio se celebró una reunión de direcciones generales con el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo, el cual debería ser presentado por el Gobierno central ante Europa.
Las comunidades resaltan que apoyaron el informe que declara que el estado de conservación del lobo es favorable y critican que el Ministerio desconvocó unilateralmente la sectorial que ya tenía fecha y en la que se iba a valorar dicho informe a un alto nivel.
«Es necesario remitir el informe sexenal a Europa, el cual se utilizará para valorar si el lobo está en perfecto estado de conservación o no. Por eso es fundamental que se envíen los informes reales, no los que desea el Gobierno de Sánchez», declara la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.
Por su parte, el Ministerio ha defendido las razones que llevaron a desconvocar esa reunión, basadas, según explicó días después de la anulación de la cita el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso del Defensor del Pueblo sobre algunos preceptos de la ley contra el desperdicio alimentario que avaló la caza del lobo.
No obstante, a pesar de estas explicaciones, la polémica continúa no solo en el ámbito político, sino también judicial, con resoluciones contradictorias de distintos tribunales superiores. En comunidades como Cantabria se da cobertura a las extracciones de la especie, mientras que en Galicia se han paralizado.
Ganaderos y ecologistas con propuestas antagónicas
Los planteamientos de los colectivos ecologistas y de los ganaderos no logran encontrar un punto de encuentro. Sin embargo, al margen del enfrentamiento político, cada uno de estos sectores intenta acercar posturas. Los grupos ecologistas cuestionan los censos de lobo que las administraciones autonómicas utilizan para justificar las extracciones, argumentando que las cifras de las poblaciones de lobo están «infladas».
La consejera cántabra ha señalado que, de acuerdo a los informes en su poder, en España hay 333 manadas de lobo, lo que representa un aumento del 12 % respecto al anterior informe sexenal. Verdes Equo reconoce que el tema del lobo es «lleno de aristas», ya que en la Unión Europea hay diversidad de opiniones, pero sostiene que se debe dedicar el mayor esfuerzo posible a todas las medidas preventivas para evitar daños.
«Existen muchas medidas preventivas que funcionan antes de que se produzca la muerte del ejemplar. No hay soluciones genéricas, sino que dependen de muchos condicionantes. No todo vale para todo, pero sí hay medidas que se ha comprobado que son eficaces», destaca su portavoz, Gabriel Moreno.
Mientras tanto, en el sector ganadero se centran en las cifras de población de lobo proporcionadas por las administraciones autonómicas, enfatizando los ataques y los daños al ganado. Según los datos ofrecidos por la consejera cántabra, desde que el lobo entró en el Lespre en 2022 hasta finales de 2024, se han producido 6.635 ataques de esta especie a animales, resultando en más de 8.000 muertes.
A pesar de que las cifras sobre muertes de ganado difieren, queda claro que la ciencia establece que no es esta la forma de controlar al lobo para prevenir sus incursiones. Matar ejemplares al azar solo empeorará la situación y agravará el conflicto entre las partes.
/ ECOticias.com
