El partido Junts ha planteado una propuesta que se discutirá en el próximo Pleno del Congreso sobre el endurecimiento de los permisos de paternidad concedidos a temporeros migrantes debido a supuestos fraudes en su concesión. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, presentó esta iniciativa ante la creciente preocupación por posibles irregularidades.
El registro de esta propuesta tuvo lugar en agosto, y será discutida durante el último Pleno de septiembre. Además, en dicha sesión se debatirá una proposición de ley de PSOE y Junts que busca delegar competencias de inmigración a Cataluña.
Junts ha mencionado un «incremento significativo» en las solicitudes de permisos de paternidad por parte de trabajadores migrantes en los últimos años, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción. Según el partido, algunas solicitudes han generado preocupaciones por el posible fraude, dado que se han presentado casos donde se solicita el permiso en múltiples ocasiones en un corto periodo, alegando el nacimiento de hijos en sus países de origen sin documentación verificable.
ALGUNAS TENÍAN LETRA «ILEGIBLE»
El diputado Isidre Gavín preguntó en una sesión de control al Gobierno sobre este asunto, señalando que la administración acepta documentos de los temporeros que, en ocasiones, presentan una «letra ilegible». Gavín también denunció que algunos temporeros solicitan varios permisos alegando ser polígamos, y una vez obtienen el permiso, trabajan de forma irregular.
En este contexto, Junts pretende modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, que regula las prestaciones por maternidad y paternidad, añadiendo requisitos específicos. Según el partido, esos requisitos incluirían la exigencia de «certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles» para asegurar que los permisos se entreguen únicamente a quienes cumplen con la legalidad.
EL GOBIERNO DIJO QUE NO CONTEMPLABA UNA REFORMA LEGAL
Durante la sesión de control, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió que no se preveía realizar una reforma legal para endurecer estas concesiones, alegando que en Cataluña solo se habían sancionado a 22 personas por el tema, cifra que consideró «anecdótica».
La ministra argumentó que plantear «una modificación normativa general solo para trabajadores extranjeros» no era lo adecuado, ya que muchos trabajadores españoles también se ven afectados por la normativa actual. Añadió que la ley actual ya contiene mecanismos para prevenir y sancionar posibles fraudes sin necesidad de introducir requisitos adicionales. En casos donde existan dudas sobre la autenticidad de la documentación, la Seguridad Social puede solicitar una verificación a los organismos correspondientes, y si se considera que puede haber fraude, el expediente se remite a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su análisis.
