El partido Junts ha señalado que existe un problema con los temporeros migrantes, quienes están presentando múltiples solicitudes de permisos de paternidad alegando situaciones particulares como la poligamia en sus países de origen. Este tema se abordará en el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo martes.
MADRID, 21 de septiembre. (EUROPA PRESS) – Junts defenderá una proposición no de ley que busca endurecer los requisitos para la concesión de permisos de paternidad a estos trabajadores migrantes, ante lo que consideran posibles fraudes en el sistema. La propuesta fue registrada por el partido liderado por Míriam Nogueras en agosto y será discutida en el mismo Pleno donde se votará la toma en consideración de una ley que delega competencias de inmigración a Cataluña, acordada en marzo con el PSOE.
En su iniciativa, Junts sostiene que ha habido un «incremento significativo» en las solicitudes de prestaciones por paternidad de trabajadores migrantes, especialmente en los sectores de la agricultura y la construcción. Aseguran que varias de estas solicitudes han generado preocupación por posibles fraudes, dado que se han documentado casos en los que se ha solicitado el permiso varias veces en un corto periodo, alegando el nacimiento de hijos en países de origen pero sin proporcionar documentación verificable.
Denuncias sobre documentos ilegibles
El diputado de Junts, Isidre Gavín, planteó una pregunta al Gobierno durante una sesión de control, denunciando que la administración frecuentemente acepta documentos que presenta estos temporeros, a menudo con «letra ilegible». También destacó que hay trabajadores que solicitan varios permisos alegando que «en su país son poligamos». Según Gavín, tras obtener el permiso, muchos de estos temporeros trabajan «en negro».
En este contexto, la formación política aboga por una modificación del artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, el cual regula las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, a fin de introducir requisitos más estrictos. Junts propone que se exijan «certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles» para garantizar que las prestaciones se concedan únicamente a aquellos que cumplan con los principios de legalidad, veracidad y finalidad de la normativa.
El Gobierno rechaza una reforma legal
Durante la misma sesión de control, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, contestó que no se contempla realizar una reforma legal para endurecer la concesión de estos permisos, argumentando que solo se han sancionado a 22 personas en Cataluña, cifra que calificó de «anecdótica».
“Por tanto, plantear una modificación normativa general solo para trabajadores extranjeros basada en una situación fáctica que es ciertamente anecdótica y que afecta a trabajadores españoles y extranjeros por igual no parece adecuado”, respondió Saiz.
La ministra explicó que estas sanciones se debieron a simulaciones de relaciones laborales para acceder a prestaciones por nacimiento o aumentar las bases de cotización, buscando así una prestación más alta. También enfatizó que, en caso de que un hijo o hija haya nacido en el extranjero, se debe aportar el certificado de nacimiento legalizado. Si surgen dudas sobre la veracidad del documento, la Seguridad Social contacta al organismo correspondiente para verificar su autenticidad.
Finalmente, la ministra destacó que, si se considera que puede haber fraude, se remite el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para un análisis individualizado. “Por tanto, la normativa actual ya incluye mecanismos suficientes para prevenir y sancionar los posibles casos de fraude sin necesidad de requisitos adicionales”, concluyó.
