En un reciente informe publicado por Greenpeace, se han detallado diversos proyectos en Andalucía que amenazan la conservación de la naturaleza. Algunos ejemplos destacados son el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla), un restaurante en la playa de Bolonia (Cádiz), un proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) y un hotel proyectado en la playa de los Genoveses (Almería). La publicación coincide con el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y busca servir como un llamado a la acción para paralizar estos proyectos destructivos en el territorio.
Greenpeace ha señalado que, a pesar de que España lidera la superficie protegida a nivel europeo, solo el 8,9 % de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación favorable. Además, el país es el que más especies amenazadas tiene, con entre un 12 % y un 14 % en peligro de extinción. La organización ha declarado que «muchas corporaciones, empresas e incluso administraciones públicas entienden el territorio como un simple lugar donde realizar actividades económicas, no siempre compatibles con la sostenibilidad de la vida». En este sentido, han demandado la paralización de varios proyectos que amenazan espacios naturales valiosos, muchos de ellos legalmente protegidos.
Impacto en la comunidad andaluza
Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, ha advertido que «Andalucía no constituye una excepción», y que en la región también se plantean “proyectos incompatibles con la conservación de la naturaleza”. La organización ha llamado a la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y ha instado a la reforma de la Ley de Información No Financiera, para garantizar que las grandes empresas informen adecuadamente sobre su impacto ambiental y la efectiva protección de áreas protegidas.
Además, Greenpeace ha solicitado una revisión de los abusos en las evaluaciones de impacto ambiental y un mayor control sobre los lobbies, las puertas giratorias y los conflictos de intereses. También se han demandado legislaciones contra malas prácticas empresariales, así como transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones. Entre las demandas se incluye el apoyo al mundo rural y a prácticas agroecológicas.
La organización ha reclamado una planificación territorial coherente con los objetivos climáticos y de conservación, priorizando la protección de los ecosistemas frente a los intereses económicos a corto plazo. Asimismo, han instado a la Junta de Andalucía a reforzar los mecanismos de control ambiental y a fomentar un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, basado en la economía circular y la restauración de espacios degradados.
Con su campaña “Los otros Altri”, Greenpeace lanza una advertencia clara: “no toda inversión verde es sostenible” si pone en peligro el patrimonio natural andaluz.
