Desde el Gobierno no se ha querido perder tiempo para poner en marcha la promesa que hizo el presidente de presentar nuevamente el llamado “decreto antiapagones”, tras el varapalo político que sufrió el pasado 22 de julio, cuando sus socios de investidura, Podemos, Junts y BNG, se unieron a PP y Vox para evitar su aprobación. Apenas nueve días después de esta situación, se aprobó el Real Decreto Ley (RDL) en Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. Varios grupos ecologistas han respaldado este nuevo RDL, aunque también han manifestado cuestionamientos sobre ciertos puntos que consideran «mejorables».
Un RDL positivo
Greenpeace ha valorado positivamente que el nuevo decreto antiapagones rescate medidas significativas del Real Decreto Ley que fue rechazado en el Congreso el pasado julio, como las que limitan el poder del oligopolio eléctrico. Sin embargo, ha expresado su lamento porque la nueva propuesta ha desatendido aspectos clave, como el impulso del autoconsumo.
Además, Greenpeace exige al Gobierno que publique los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron ante el apagón, y también pide que no se elimine la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las baterías híbridas en plantas renovables, considerándola una medida innecesaria y peligrosa. Esta organización ecologista ha presentado sus alegaciones al decreto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“Este decreto es un paso necesario, pero hace falta más contundencia para que el sistema eléctrico no siga controlado por un oligopolio, puesto que la investigación sobre las causas del apagón dejó claro que el debate nuclear y el ataque a las renovables tras el 28 de abril eran una cortina de humo para esconder los fallos de las centrales de gas, y del oligopolio que las controla, que no estuvieron disponibles cuando tendrían que haberlo estado”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de la ONG.
Greenpeace también ha destacado que uno de los principales enfoques del Gobierno debe ser activar las inversiones en almacenamiento, especialmente en hibridación con las plantas renovables ya existentes. Además, considera positiva la agilización de los trámites, reduciendo a la mitad los plazos para los hitos administrativos de las baterías híbridas con plantas renovables preexistentes.
No obstante, Greenpeace considera peligrosa y totalmente innecesaria la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para estas instalaciones, ya que actualmente disfrutan de EIA simplificada con plazos máximos de resolución de tres meses. La eliminación de la EIA cerraría la única puerta de participación pública durante toda la tramitación.
La experiencia de la Tramitación Ambiental Exprés (Determinación de Afección Ambiental) ha demostrado que eliminar los trámites ambientales y la participación pública no es una herramienta efectiva para agilizar la tramitación y, además, genera muchos temores en las comunidades locales que podrían retroalimentar discursos contrarios a la transición. Por ello, Greenpeace pide que se elimine la exención de la EIA para las baterías en hibridación con plantas renovables y que se mantenga la EIA simplificada, como se ha hecho hasta ahora.
“Estamos de acuerdo en la necesidad de agilizar trámites para avanzar la transición, pero es un error hacerlo a costa de garantías ambientales o de participación pública. La transición será participada o no será”, manifestó Sara Pizzinato, coordinadora de la Campaña de Energías Renovables de la organización.
Consideraciones a tomar en cuenta
La ONG también lamenta que el Real Decreto propuesto omita medidas largamente esperadas para la aceleración de la transición energética y el impulso del autoconsumo. En este sentido, exige que se presenten urgentemente normas que regulen cuestiones como las siguientes:
- La ampliación del radio para el autoconsumo de proximidad a 5 km, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico plantea publicar en septiembre junto con otras medidas para facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas.
- La creación de la figura del gestor del autoconsumo, que no ha podido incluirse en el presente decreto debido a que es una medida de rango superior que implica reformar la Ley 24/2013.
- Medidas que permitan liberar a los hogares de la dependencia del gas, como las desgravaciones fiscales por la instalación de bombas de calor.
- La puesta en marcha rápida de la Comisión Nacional de Energía, con el mandato de ordenar y regular el sistema energético, con el objetivo de alcanzar un suministro energético 100% renovable para 2040 y reducir la demanda de energía a la mitad para ese mismo año.
- Estandarizar la carga bidireccional para vehículos eléctricos, minimizando la necesidad de baterías fijas y normalizar la tecnología del “grid forming” para que las renovables aporten inercia sintética al sistema.
- Limitar el uso especulativo por parte de los operadores de las plantas hidroeléctricas, que han demostrado ser útiles en la recuperación del apagón. Estas centrales deben ser operadas para proporcionar inercia, flexibilidad y estabilidad al sistema, no estar condicionadas por los intereses económicos de las empresas concesionarias.
- Regular los pagos por capacidad, remunerando únicamente el servicio realmente prestado y evitando que se destinen ayudas a prolongar la vida de las centrales de gas contaminantes o de las peligrosas nucleares.
- Iniciar los trámites para legislar el fin del oligopolio, separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas. Ninguna empresa que posea más del 15% del mercado de generación, distribución o comercialización podrá estar verticalmente integrada.
La ONG también exige que el Gobierno mantenga firme el calendario acordado para el cierre de las centrales nucleares, ya que son incompatibles con un sistema eléctrico basado en energías renovables. Además, considera que las trabajadoras afectadas merecen claridad para abordar una transición justa.
El nuevo RDL tiene, naturalmente, un alcance mucho menor, dado que no puede incorporar cualquier cambio que modifique una ley. Sin embargo, las exclusiones no tienen por qué ser definitivas, ya que al haber sido sometido a consulta pública, puede sufrir modificaciones, algunas de las cuales ya han sido sugeridas por la ONG mencionada.
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