La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha censurado la propuesta acordada entre Junts y el Gobierno de España, que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a ofrecer atención al cliente en catalán. En sus declaraciones, CEIM argumenta que esta medida «atenta contra la libertad empresarial».
Según lo anunciado por Junts, se ha pactado con el Ejecutivo central una reforma legal que mandata que los servicios de atención al cliente deban ofrecer la opción de hablar en catalán a los consumidores que adquieran sus servicios en Cataluña, independientemente de la sede de la empresa.
Postura de los empresarios de Madrid
Los empresarios de Madrid han manifestado su exigencia al Gobierno de respetar la libertad de empresa, en una economía basada en el intercambio y precios en condiciones de igualdad, y de evitar imposiciones que podrían dañar la competitividad empresarial. «Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada; de lo contrario, estaríamos hablando de una empresa pública», reafirmaron en un comunicado.
Desde CEIM se ha enfatizado que muchas empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen esta posibilidad de forma mayoritaria, como parte de su propia estrategia empresarial, «sin necesidad de imposiciones».
Críticas al proceso de toma de decisiones
Los empresarios han criticado que la medida no se haya debatido con las propias empresas afectadas, censurando que «se toman decisiones en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias».
Además, han manifestado su sorpresa ante la aceptación por parte del Gobierno de intervenir en la libertad de empresa y de imponer esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña: «Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y mantener el poder», han lamentado desde CEIM.
Impacto económico de la medida
En un contexto de aumento en la presión fiscal y los costes sociales sobre las empresas, CEIM ha alertado de que esta obligación provocaría que las empresas de sectores básicos de interés general «tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con el sobrecoste que ello implicaría y la merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno».
Los empresarios han concluido que es «intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas», señalando que el Ejecutivo debería velar por el interés general en lugar de intervenir en la libertad de empresa solo para satisfacer a un grupo nacionalista.
