Luis Alvise Pérez, en una imagen de archivo.
Madrid (Fecha desconocida) – El Tribunal Supremo ha abierto la cuarta causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024, y que posteriormente rompieron con su formación.
Esta nueva causa se suma a las tres ya existentes en el Supremo, en las que Alvise ha declarado. La primera es por presuntos delitos de falsedad e injurias, relacionado con la difusión de una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021. La segunda se refiere a los mensajes que Alvise envió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. La tercera, y la más grave, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, debido a la supuesta recepción de 100.000 euros para su campaña electoral.
Una vez elegidos, los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos. Poco después, se querellaron contra Alvise, denunciando una campaña de hostigamiento en redes sociales como consecuencia de los mensajes que él había publicado sobre ellos. Además, afirmaron haber llegado a temer por su integridad física debido a que Alvise reveló el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.
Mensajes Ofensivos y Amenazantes
Los eurodiputados añadieron que, una vez filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, recibieron una gran cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes. Esto provocó que se sintieran «compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas».
La querella menciona que estas acciones «obstruyen significativamente su labor parlamentaria y su vida familiar», además de generar el «miedo» de ser abordados en la vía pública por desconocidos.
El tribunal ha considerado que la actuación de Alvise «pudiera colmar las previsiones normativas contempladas en el tipo penal indicado», debido a las «explícitas llamadas» a un grupo numeroso de seguidores para que desarrollaran una actitud hostil hacia los querellados.
Asimismo, para la Sala «aparece indiciariamente justificado» que Alvise «pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos» de estas personas, sin cesar en su actitud, a pesar de que muchos de sus seguidores habían manifestado su intención de alterar la vida normal de los querellados, reiterando sus llamamientos a que fueran hostigados como reacción a su posición política.
