MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) – El Partido Popular (PP) ha responsabilizado a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 de la eliminación de más de 120.000 pisos del mercado de alquiler residencial debido al incremento de la «inseguridad jurídica». Por este motivo, el PP solicitará la próxima semana al Congreso su derogación.
En concreto, la formación política defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una moción como resultado de una interpelación urgente que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria.
En su moción, el grupo parlamentario denuncia que, a raíz de esta ley pactada por PSOE, Podemos, ERC y Bildu, muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal. «El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras y la clase media están siendo expulsadas de los centros urbanos», remarca el PP.
Ponen de ejemplo a Cataluña
Como ejemplo de las consecuencias perjudiciales de esta norma, el PP expone el caso de Cataluña, que fue la primera Comunidad Autónoma en aplicar las medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. Según datos de Idealista, recogidos por el PP, los precios en esta región han subido un 8,7% en el último año y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. Además, en Barcelona, por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma.
Por estos motivos, la formación exige la derogación de una ley que consideran «intervencionista» y que está provocando «inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquietud».
Lucha contra la ‘okupación’
El PP aprovecha su iniciativa para denunciar el «fenómeno creciente de la ocupación ilegal». Según datos del Instituto de Estudios Económicos compartidos por el partido, hoy hay aproximadamente 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera denuncia debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.
Con este panorama, el PP demanda la eliminación de la ocupación ilegal de viviendas e inquietud, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente un inmueble sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Además de estas cuestiones, el Grupo Popular incluye otros dos puntos en su moción para solicitar medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda para los jóvenes y crear la figura del «Proyecto Residencial Estratégico», que unifique los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reduzca los plazos de construcción de diez a cuatro años, y destine la mitad de las viviendas que se construyan bajo esta figura a vivienda asequible.
