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Valencia.- El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto ley del Gobierno español que aprobó el reparto de casi 4.000 menores migrantes a las Comunidades Autónomas, y que ya fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de esta comunidad.
La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, aseguró que esta decisión se toma «por coherencia», argumentando que si el decreto del Gobierno «está viciado en origen, todos los actos que se realicen a continuación, como el desarrollo de la norma, también lo están».
Camarero expresó que el decreto de reparto de menores migrantes «invade» las competencias autonómicas, es «unilateral», y sus criterios «no están negociados». También criticó que «no aporta» los recursos necesarios para atender los gastos de su atención y que su distribución es «discrecional», ya que a comunidades como el País Vasco o Cataluña les tocan 0, mientras que a la Comunidad Valenciana le corresponden 571.
Recurso Contencioso-Administrativo
La Abogacía de la Generalitat interpondrá el recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según detalló Camarero, quien enfatizó que se presentará «cualquier tipo de recurso para que esta amenaza del Gobierno no se cumpla».
Ya en mayo, la Generalitat Valenciana había recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
El recurso se fundamenta en la falta de urgencia, dado que ha habido «una crisis migratoria de más de dos años», así como en la «invasión» de competencias autonómicas en la protección de menores y la ausencia de planificación y financiación para este tema.
Camarero recordó que este recurso no solo fue presentado por comunidades gobernadas por el Partido Popular, sino también por Castilla-La Mancha, sumando un total de diez regiones.
La vicepresidenta insistió: «No vamos a tolerar que el Gobierno, ante su incapacidad de gestionar la política migratoria, quiera trasladar a 4.000 menores a la Península con una distribución discriminatoria, con criterios en los que no hemos participado y sin indicar ni cuándo ni cuántos ni con qué presupuesto».
Además, criticó que el Gobierno central «tiene la obligación» de acoger a 1.200 menores asilados, según lo indicado por el Tribunal Supremo, y afirmó que «son incapaces», pero «insisten en que las comunidades hagamos ese trabajo».
La Comunitat Valenciana se opone al reparto de menores «no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad y para no permitir que se rompan los estándares de calidad altísimos» en el sistema de acogimiento.
Camarero precisó que en la Comunitat cada menor cuesta 218,85 euros por día, y si se distribuyen los 7,4 millones de presupuesto del Gobierno para los tres primeros meses de estancia, esto se reduce a 35 euros por día. También advirtió que «no hay ni infraestructura ni personal para atenderlos», y el porcentaje de ocupación de los centros ya es del 160%.
Finalmente, aseguró: «Sin esos recursos del Gobierno, el acogimiento de menores se hace absolutamente imposible para mantener la calidad del servicio y la dignidad que requieren estos menores».
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