Según los últimos datos de la asociación de fabricantes de vehículos Anfac, al cierre del tercer trimestre, la infraestructura de recarga pública española alcanzaba los 52.107 puntos, de los cuales 14.643 aún no estaban operativos, más de una cuarta parte.
Para agilizar su implantación, las empresas dueñas de gasolineras piden a las administraciones que habiliten ventanillas únicas para solicitar permisos, homogeneicen los procesos en las diferentes comunidades autónomas y prioricen los puntos de recarga de alta potencia con incentivos específicos y los ubicados en zonas rurales.
El responsable de desarrollo de negocio de movilidad sostenible de Moeve, David García Mancera, explica que la estrategia de la empresa pasa por desplegar puntos de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos que permitan, por ejemplo, recuperar autonomía suficiente para retomar el trayecto en 10-20 minutos, es decir, «una parada normal para tomar café».
Moeve dispone actualmente de un centenar de estaciones propias operativas y unas 150 ya construidas, todas de elevada potencia, y esperando la conexión de la distribuidora.
Los puntos de recarga más lentos son interesantes en otros ámbitos como supermercados o centros comerciales, donde la estancia es más larga, o en garajes particulares, donde se deja el vehículo cargando por la noche, explica García.
En cuanto al coste, esos 10-20 minutos de recarga ultrarrápida estarían en torno a los 7-8 euros por cada 100 kilómetros, un precio «de mercado», que no es bajo, pero los usuarios no siempre emplean recargas de alta potencia, añade.
Respecto al tiempo que puede tardar en ser rentable uno de estos puntos de recarga para las compañías, se calcula en torno a 20 años, por lo que siempre piden a las administraciones públicas que las concesiones sean superiores a esas dos décadas.
Un punto de recarga para cada 9 eléctricos
Según la foto actual del sector en España, hay unos 50.000 puntos de recarga públicos, unos 6.000 de ellos ultrarrápidos, para un parque de cerca de 300.000 vehículos eléctricos, menos del 2 %, lo que se traduce en un ratio de un punto de recarga por cada 9 coches eléctricos, cuando en países como Noruega hay uno por cada 20.
«España necesita que haya más vehículos eléctricos circulando para rentabilizar antes esos puntos de recarga», añade García.
En cuanto a las nuevas ayudas públicas estatales centralizadas como el Plan Moves Corredores, recientemente anunciado, está convencido de que permitirá elevar el porcentaje de ayudas del 20 % actual al 40 % para una gran empresa, aunque ha considerado que también hacen falta ayudas directas al comprador de vehículos eléctricos.
Desde Renault España recuerdan que la generalización de puntos de recarga en todo el territorio es fundamental para eliminar «ciertos prejuicios» que todavía existen sobre el vehículo eléctrico y piden que se señalice adecuadamente su ubicación en las carreteras para transmitir «visibilidad y seguridad, no solo al que ya tiene un coche eléctrico, sino al que todavía no se ha decidido por él».
Una recarga ultrarrápida para 100 km cuesta unos 7-8 euros, por lo que la rentabilidad de un punto de recarga no es inmediata, sino que conlleva una amortización estimada en unos 20 años y lo que se pide es que las concesiones públicas sean superiores a ese plazo.
El ratio de España se sitúa en un punto de recarga cada 9 coches eléctricos, lo que es alto, si se lo compara con el de Noruega, que posee uno por cada 20. La conclusión es que para rentabilizar la infraestructura son necesarios más vehículos eléctricos.
