Un reciente análisis realizado por la organización Escazú Ahora ha puesto de manifiesto la preocupante desconexión entre las promesas del Gobierno y la realidad de su cumplimiento en relación con el Acuerdo de Escazú. Aunque se considera un esfuerzo significativo hacia la protección de los defensores de derechos ambientales, el informe destaca que el instrumento «no previene ataques, amenazas o intimidaciones ni establece medidas de protección específicas».
De las medidas prometidas, solo dos cuentan con un diseño o cronograma claro para su futura implementación: el proyecto de ley destinado a la protección de los defensores de derechos humanos y los cursos de capacitación para funcionarios públicos.
Muy pocos avances
El análisis concluye que el avance del Gobierno en la implementación del artículo 9 del tratado «era nulo», lo que llevó a todas las bancadas del Parlamento a comprometerse a oficiar al Ejecutivo para pedir respuestas concretas. En noviembre de 2023, el primer ‘Informe de Análisis de Implementación’ reveló esta alarmante realidad.
Un año y medio después, la organización lamenta que el Gobierno «no ha entregado ninguna respuesta». Se destaca la «urgente necesidad de establecer medidas de control más efectivas que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado». De cara al 2025, el último año del mandato del presidente Gabriel Boric, la organización plantea que esta situación representa una oportunidad crítica para corregir el rumbo.
El Acuerdo de Escazú, impulsado durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 y ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe, es considerado uno de los instrumentos ambientales más relevantes de la región. Este acuerdo busca prevenir las amenazas y asesinatos de defensores de derechos ambientales, tal y como ocurrió con la hondureña Berta Cáceres.
Latinoamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática; a pesar de contribuir con solo un 9 % de las emisiones globales, es la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, con un alto índice de impunidad.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento vinculante que emana de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Reconoce que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es mediante la participación de todas las personas. Por lo tanto, Chile deberá realizar un mayor esfuerzo para implementar este acuerdo de manera real y tangible, con el objetivo de proteger a los defensores ambientales nacionales.
/ ECOticias.com
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