El Congreso debatirá este martes la propuesta de EH Bildu para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no dispongan de un número de registro o licencia. Esta iniciativa se presenta en un contexto en el que el PSOE ha congelado la tramitación de la ley de alquileres de temporada.
MADRID, 4 de octubre (EUROPA PRESS) – El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha instado este sábado al Gobierno a que apoye en el Pleno de la próxima semana esta propuesta, que busca frenar el «fenómeno incontrolado» de los alojamientos turísticos, considerados responsables de la gentrificación en barrios y ciudades, la expulsión de vecinos y el incremento del turismo masivo.
EH Bildu argumenta que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, ya sea por falta de recursos o por una permisividad evidente en otros casos. Según la formación, los arrendadores han continuado anunciando y contratando alojamientos sin licencia, lo que ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos «haya proliferado sin control».
En respuesta a esta problemática, EH Bildu ha presentado un proyecto de ley que establecería un régimen de multas y la responsabilidad legal de las empresas y plataformas para prevenir la proliferación de alojamientos ilegales.
Multas de hasta un millón de euros
Las sanciones podrían alcanzar un millón de euros si se facilita la contratación de una vivienda de uso turístico sin los permisos necesarios o si se realiza sin vincular el alojamiento a los datos personales del anfitrión. Oskar Matute ha subrayado la necesidad de regular el sector para que quienes obtienen beneficios lo hagan de manera legal, asegurando el pago de licencias y garantizar una calidad de servicio.
Instan al Gobierno a anticiparse al problema
Matute ha instado al Gobierno a anticiparse y prohibir por ley la publicidad de estos alojamientos en plataformas digitales, afirmando que «más que reaccionar, debe adelantarse al problema». En cuanto a las negociaciones con otros grupos parlamentarios, ha mostrado optimismo, destacando que ha encontrado buena disposición hacia una propuesta que no tiene un carácter ideológico marcado.
Aunque el martes solo se votará la admisión a trámite de la propuesta legislativa, si se aprueba, el texto pasaría al cauce parlamentario, donde se abriría un periodo para la presentación de enmiendas, un proceso que podría prolongarse varias semanas debido a los intereses de la Mesa del Congreso, donde predominan el PSOE y Sumar.
Los alquileres de temporada siguen en el cajón
La última vez que se discutió una proposición de ley de vivienda en el Pleno fue la iniciativa para regular los alquileres de temporada y habitaciones, apoyada por ERC, BNG, Bildu, Podemos y Sumar. La Cámara Baja admitió a trámite esta norma en diciembre, y el plazo para presentar enmiendas concluyó en mayo. Desde entonces, la Comisión de Vivienda ha mantenido la propuesta congelada, lo que ha generado malestar entre varios socios de investidura y Sumar, quienes han advertido al PSOE sobre la necesidad de acelerar su tramitación.
Sobre este tema, Matute ha expresado su desconcierto ante la «dificultad» para regular los alquileres de temporada, que se han convertido en una «vía de escape» de las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Ha defendido la necesidad de regular estos alquileres para que estén sujetos a topes en los precios, garantizando que incluso con estas limitaciones, los arrendadores seguirían obteniendo beneficios razonables.
ERC defenderá una batería de medidas en vivienda
Ante esta situación, Esquerra Republicana presentará en la sesión plenaria de este martes una proposición no de ley que contempla una serie de medidas para abordar la crisis de vivienda, incluyendo la creación de un nuevo impuesto para quienes posean tres viviendas o más.
En esta iniciativa, ERC también propone que el Gobierno impulse una agenda legislativa que penalice la compra especulativa, regule de manera efectiva los alquileres de temporada y asegure los recursos necesarios para que las administraciones alcanzuen cifras acordes a la media europea de vivienda protegida en un plazo máximo de tres años, comenzando su tramitación en un máximo de tres meses.
Adicionalmente, ERC sugiere aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos y modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para permitir a los municipios establecer recargos específicos a grandes tenedores y viviendas de uso turístico. A estas propuestas se añaden otras para eliminar los «privilegios fiscales» a las Socimis y extender los topes de alquiler en todas las áreas con mercado residencial tensionado en España. También se busca transferir gratuitamente viviendas de la Sareb y Sepes a las comunidades autónomas y asegurar la transferencia de recursos suficientes a estas y a los ayuntamientos, con el objetivo de alcanzar un 5% de parque protegido en 2026 y un 9% en 2027.
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