Madrid.- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, nueve meses después de su última declaración, en la que mantuvo que no hubo irregularidades en otras líneas de la investigación.
Este será el cuarto encuentro de Begoña Gómez en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. En las dos primeras ocasiones, no llegó a declarar; en la primera, alegó que no había recibido notificación de una querella y, en la segunda, se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, en su tercera comparecencia sí respondió a las preguntas de su abogado.
Su última declaración tuvo lugar el 18 de diciembre de 2024, tras ser imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, en relación con su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Begoña Gómez negó durante aproximadamente 35 minutos cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la UCM y afirmó que no intercedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés, ya que no participó en ningún proceso de licitación pública.
Contratación y cometido de la asesora Cristina Álvarez
Desde su última declaración, el juez Peinado ha seguido investigando, fundamentalmente en relación con Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa, que también está siendo investigada en el caso. Para ello, Peinado abrió una pieza separada, en la que tomó declaración al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en 2018. Se propuso su investigación por malversación, aunque el Tribunal Supremo lo desestimó debido a la «absoluta» falta de indicios.
En agosto, el magistrado imputó a Begoña Gómez y Cristina Álvarez por un delito de malversación y las citó a declarar en septiembre. La fecha prevista para la declaración de Gómez se adelantó un día, ya que su abogado, el exministro Antonio Camacho, tenía una cita en otro juzgado.
Audiencia Provincial de Madrid
El juez ha ajustado la investigación conforme a lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en junio: debe centrarse en si la asesora «se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez) en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».
A pesar de que en un primer momento, en un auto dictado en mayo tras una querella del partido Vox, el juez afirmó que no había indicios de que Gómez ni Álvarez hubieran incurrido en malversación, sí imputó por este delito a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid, quien era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Álvarez en 2018.
Este es el último reajuste de un caso que se originó a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias. Con el paso de los meses y las indicaciones de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez ha mantenido imputadas a cuatro personas: Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Francisco Martín y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Recientemente, Juan Carlos Peinado ordenó nuevas diligencias en relación con la pieza separada, como solicitar a la Presidencia del Gobierno copia de los correos electrónicos enviados y recibidos desde una «cuenta asignada» a Begoña Gómez desde julio de 2018 hasta la fecha, así como informes de las personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia desde el 11 de julio de 2018, cuando Álvarez fue nombrada asesora de Begoña Gómez.
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