La reciente medida impulsada por el Gobierno español ha generado un intenso debate sobre su naturaleza y efectos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha catalogado la condonación de 83.252 millones de euros de la deuda autonómica como una acción “inédita” y “excepcional”. En contraposición, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han calificado esta estrategia como una “trampa” y un “chantaje”.
La esencia de esta condonación radica en “corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas” las comunidades durante la crisis financiera, atribuida por el actual ejecutivo a la falta de recursos del Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo es facilitar una gradual vuelta a los mercados de financiación.
Paradójicamente, ya en 2018, Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, advertía sobre la necesidad de abordar la deuda que las comunidades tenían con el Estado. Un año antes, un informe elaborado por una Comisión de “sabios” exploraba un posible enfoque para “metabolizar” esta deuda, aunque sin alcanzar un consenso.
Quita para todos
Pasaron los años y la deuda siguió creciendo. El impulso decisivo llegó en noviembre de 2023, cuando el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluyó la asunción de unos 15.000 millones de euros de la deuda catalana con el Estado. Veintidós meses después, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que permite al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común, excluyendo Navarra y el País Vasco.
Según el Ministerio de Hacienda, esta medida beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo y liberar cerca de 6.700 millones de euros en pagos de intereses, que podrían destinarse a reforzar el Estado del Bienestar y facilitar el acceso a los mercados. Sin embargo, los presidentes autonómicos del PP han rechazado esta propuesta.
Andalucía, la comunidad que podría condonar más deuda
Los gobiernos del PP no ven ventajas en que el Estado asuma 56.456 millones de euros de deuda de diversas comunidades, incluyendo Andalucía (18.791 millones), Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones), entre otras.
Argumentan que el artículo 10.1 del anteproyecto aprobado por el Gobierno impide destinar el ahorro resultante a gasto social, ya que establece que la operación “será neutral a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto de cada subsector y de las comunidades autónomas destinatarias”.
Contrario a esta interpretación, el Ministerio de Hacienda argumenta que el artículo simplemente exige el cumplimiento de las reglas fiscales, como cualquier ingreso que reciban las comunidades autónomas.
El método de cálculo
La comunidad de Canarias (3.259 millones de euros) también ha expresado objeciones al método de cálculo de la cuantía asignada a cada comunidad. Según Hacienda, se aplican criterios “objetivos, transparentes e idénticos para todos los territorios”. Este método incluye múltiples fases para asegurar una distribución equitativa.
En la primera fase, se empleó la población ajustada, resultando en una quita de 60.232 millones de euros, con una media del 19,3% de la deuda autonómica, seguida de una segunda fase que agregó 11.514 millones para garantizar que todas las comunidades recibieran al menos esa cantidad. Finalmente, una tercera fase asignó otros 10.590 millones para equilibrar las asignaciones de las comunidades que habían recibido menos.
Además, se incluyó un ajuste adicional que premia a aquellas autonomías que aumentaron su recaudación del IRPF, ofreciendo una condonación extra del 10% a quienes lo hicieron por encima de la media.
Adhesión voluntaria
Las comunidades autónomas con gobiernos socialistas, como Cataluña (17.104 millones de euros), Castilla-La Mancha (4.927 millones) y Asturias (1.508 millones), han mostrado su disposición a abrir el proceso de adhesión voluntaria a estas medidas. El anteproyecto establece que esta adhesión se llevará a cabo dentro de un plazo determinado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Por otro lado, la entrada en vigor de esta norma está prevista para “a lo largo del primer trimestre” de 2026, lo que significa que el proceso aún no ha comenzado.
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