Cataluña inicia el nuevo curso político, el segundo de Salvador Illa al frente de la Generalitat, que estará marcado por la negociación de la financiación singular, el posible retorno del expresident Carles Puigdemont y la consolidación de un ejecutivo con minoría parlamentaria capaz de aprobar presupuestos.
Debate de Política General y la Diada
El curso arrancará de manera oficial con el Debate de Política General (DPG), que tendrá lugar del 7 al 9 de octubre en el Parlament. Una semana antes, se celebrará el primer pleno ordinario del periodo de sesiones, el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre. No obstante, el pistoletazo de salida del curso político catalán es la Diada, que se dará en un contexto de desmovilización general en el independentismo; será la segunda sin mayoría en el Parlament tras la del año pasado, además de la incertidumbre sobre la participación de la formación de extrema derecha Alianza Catalana.
Este año, la manifestación convocada por las entidades independentistas será descentralizada y tendrá lugar simultáneamente en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona), con la intención de denunciar los «agravios de seguir formando parte de España».
La Amnistía y la Sentencia del TC
Tras la sentencia favorable del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía el pasado mes de junio, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, espera el momento propicio para regresar a Cataluña sin riesgo de detención. En julio, presentó un recurso de amparo al TC para solicitar la suspensión cautelar de la orden de detención en su contra.
Las expectativas sobre su retorno dependen de estas cautelarísimas y del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe pronunciarse sobre la amnistía en relación con las cuestiones prejudiciales planteadas por varios jueces y tribunales, para determinar si el perdón del delito de malversación le imputado tiene fundamento en la legislación europea. La aplicación completa de la ley de amnistía también beneficiaría a Oriol Junqueras, presidente de ERC, y a Jordi Turull, secretario general de JxCat, quienes podrían ver sus inhabilitaciones desvanecerse, permitiéndoles formar parte de listas electorales.
Financiación Singular
La financiación singular de Cataluña, principal pilar del acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Illa —avalado por el PSOE—, seguirá siendo una de las cuestiones centrales del nuevo curso. Sin embargo, su avance dependerá en gran medida del Gobierno y del Congreso, donde el equilibrio de fuerzas es frágil.
Antes del parón veraniego, el Govern retrasó hasta 2028 el inicio de la gestión del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), a pesar de que el texto acordado preveía que la Generalitat comenzara a asumir estas funciones en 2026.
Desde ERC, que consideró «decepcionantes» los acuerdos de la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Gobierno sobre la financiación singular del pasado julio, han reiterado que este es un tema crucial y han condicionado el avance en esta materia a su apoyo a los presupuestos tanto catalanes como españoles.
Para calmar los ánimos de los republicanos, en su primera reunión del curso, el Govern aprobó un decreto, consensuado con ERC, para avanzar en el «fortalecimiento» de la ATC. Paralelamente, el Gobierno aprobará la condonación de parte de la deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un asunto también pactado con los republicanos.
Rodalies: del traspaso al día a día
El cumplimiento del traspaso de Rodalies a la Generalitat avanza a mejor ritmo. A finales de julio, se oficializó la constitución de la nueva empresa mixta que debe gestionar Rodalies, en la cual el ejecutivo catalán tendrá «un papel determinante», y que estará «plenamente operativa» en 2026.
Aun así, los avances en los despachos chocan con las continuas incidencias en el servicio ferroviario, que volverán a estar presentes en el debate político diario, sobre todo considerando que se avecina un otoño complicado, en el que se cortará el servicio en la línea R3 por obras de mejora.
Consolidar la Relación con ERC y Comuns
En minoría en el Parlament, el Govern de Illa debe mantener y consolidar su relación con ERC y Comuns, los partidos que respaldaron la investidura y que el gobierno catalán ha definido como sus socios prioritarios.
Los presupuestos serán la prueba del algodón para medir la sintonía del Govern con sus socios, especialmente con ERC, que ya rechazó apoyar las primeras cuentas de Illa a la espera de avances en financiación, mientras que Comuns exige evaluar el cumplimiento de los pactos antes de negociar nuevamente.
Temas como la ampliación del Aeropuerto de El Prat o la Ryder Cup, en la que republicanos y Comunes se oponen, también podrían tensar las relaciones.
Durante este primer año, PSC, ERC y Comuns han coincidido en el 67 % de las votaciones en el Parlament, según cálculos de los socialistas, alcanzando acuerdos relevantes como la regulación del alquiler de temporada. Sin embargo, también han enfrentado los primeros reveses parlamentarios, como la retirada de dos decretos ley y la complicada aprobación de la subida de la tasa turística, cuya entrada en vigor se ha aplazado.
