Recientemente, un estudio publicado por The Nature Conservancy (TNC) y citado por las ONG Greenpeace, WWF e Imaflora, ha alertado sobre las graves implicaciones de la decisión de algunas comercializadoras de soja de Brasil de retirarse de un acuerdo que prohíbe la compra de soja procedente de terrenos deforestados. Este escenario compromete directamente la meta de Brasil de alcanzar la deforestación cero para el año 2030 y pone en riesgo los compromisos climáticos asumidos por el país.
Las organizaciones han señalado que dicha decisión hace responsables a las comercializadoras por los impactos ambientales y climáticos que se produzcan en la Amazonía. “Sin un mecanismo equivalente, transparente e independiente para controlar la deforestación, la salida de estos comerciantes reintroduce el riesgo de que la soja brasileña vuelva a estar directamente vinculada a la destrucción de la selva”, apuntaron.
Un acuerdo clave para la credibilidad internacional
Las organizaciones también reiteraron que esta salida de grandes empresas, como Cargill, Bunge, ADM, Louis Dreyfus y Amaggi, constituye un “retroceso ambiental grave” y la ruptura de un acuerdo que durante casi dos décadas garantizó la reputación de la soja brasileña como libre de deforestación en los mercados internacionales.
Abiove, la patronal que agrupa a las principales comercializadoras de soja de Brasil, anunció a comienzos de enero su decisión de salir del acuerdo. Este anuncio se produjo cuatro días después de la entrada en vigor de una ley en el estado de Mato Grosso, que veta la concesión de incentivos fiscales a las empresas adheridas a la Moratoria de la Soja.
La Moratoria ha sido objeto de críticas por parte de sectores agrarios que rechazan las restricciones ambientales y han encontrado un aliado en el Gobierno de Mato Grosso.
Moratoria de la Soja: deforestación y clima en un punto crítico
La Moratoria de la soja es un pacto voluntario firmado en 2006 por las grandes comercializadoras del sector, que impide la compra de soja producida en fincas amazónicas deforestadas. Según los ecologistas, este acuerdo ha sido clave para la preservación de la mayor selva tropical del mundo en los últimos 20 años.
Sin embargo, la polémica ley de Mato Grosso está bajo la revisión de la Corte Suprema de Brasil, que analiza la constitucionalidad de la norma y que ha suspendido provisionalmente los efectos de la legislación. Sin un mecanismo de monitoreo equivalente, transparente e independiente, la salida de las comercializadoras reaviva el riesgo de que la soja brasileña se vincule nuevamente con la destrucción de la selva tropical, lo que podría dañar su reputación internacional.
La principal asociación de comerciantes de soja en Brasil anunció su retirada del acuerdo tras la aprobación de una ley que penaliza a las empresas que se adhieren a la Moratoria de la Soja. Este pacto, que fue establecido en 2006, se encuentra actualmente bajo revisión constitucional por el Tribunal Supremo. Este contexto plantea un futuro incierto para la industria de la soja en Brasil y sus compromisos ambientales.
