MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) – La Justicia belga ha bloqueado 482 millones de euros a España, en el marco de la batalla legal abierta por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables impuestas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Según fuentes jurídicas, esta intervención se enmarca dentro de los procedimientos relacionados con el caso OperaFund, mediante el cual se reclamó la ejecución de un laudo arbitral en favor de la compañía.
El embargo, ejecutado por la Justicia belga y autorizado como mecanismo de compensación para garantizar el resarcimiento de los acreedores, asciende a 482 millones de euros.
OperaFund obtuvo en 2019 una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que España está adherida. El laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del cual España era Estado firmante al momento de realizar los recortes retroactivos que motivaron las reclamaciones.
Ante la decisión del Gobierno español de no abonar la indemnización, OperaFund emprendió acciones para asegurar el pago por otras vías, recurriendo a tribunales en diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado. La cantidad adeudada en este caso es de 29,3 millones de euros, a la que se suman 7,5 millones en intereses de demora.
En este contexto, el equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica solicitando la intervención de los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuyas cuentas operativas están bajo jurisdicción belga.
La justicia belga aprobó esta petición, considerando que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago. Como resultado de esta decisión, se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de transferirse a Enaire, permanecen inmovilizados mientras se espera un posible recurso, con vistas a ser transferidos a los acreedores para saldar las deudas existentes.
UN BLOQUEO ANTERIOR DE MÁS DE 200 MILLONES EN 2025.
En julio del año pasado, la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, también inició un procedimiento similar que resultó en un embargo de más de 207 millones de euros. En este caso, la deuda ascendía a 106,2 millones de euros en indemnización pendiente de pago, a la que se deben sumar otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora.
Las firmas demandantes del Estado español han obtenido victorias judiciales en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Bélgica.
Fuentes de las firmas reiteraron su disposición a alcanzar «un acuerdo con el Gobierno que permita poner fin a esta prolongada litigiosidad y a restaurar un clima básico de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión internacional».
CASI 2.300 MILLONES.
A diciembre de 2024, el importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes asciende a 1.754,7 millones de euros. A esta cifra se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes derivados de la estrategia de impagos seguida por el Estado español, alcanzando un total de 2.292 millones de euros.
Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos de siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. La justicia estadounidense ha validado una deuda exigible de 691,2 millones de euros, permitiendo a los acreedores activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en dicho país.
Ante esta avalancha de resoluciones adversas, el Gobierno español ha presentado su apelación ante el Tribunal Supremo, mientras los inversores han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes (‘discovery order’) para identificar activos del Estado que puedan ser objeto de embargo en la jurisdicción estadounidense.
Paralelamente, la ofensiva judicial también avanza en Australia. En 2025, el Tribunal Federal ordenó la ejecución de cuatro laudos -los de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un importe conjunto de 469 millones de euros, desestimando los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y respaldando plenamente las reclamaciones de los demandantes.
El tribunal no solo admitió la ejecución de los laudos, sino que también impuso costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada por el juez.
