En febrero de 2024, la Guardia Civil detuvo a Koldo García, un desconocido hasta ese momento, que había sido asesor de José Luis Ábalos durante su tiempo como ministro de Transportes. Este arresto marcó el inicio de un complejo entramado de tramas de corrupción vinculadas al PSOE que aún continúan desarrollándose y que se prevé se extenderán hasta 2026.
El llamado «caso Koldo» abarca múltiples investigaciones que están siendo seguidas en distintas instancias judiciales, presentando una red de protagonistas interrelacionados.
La trama de las mascarillas
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dispuesto la apertura del juicio oral sobre una supuesta trama corrupta que otorgaba a la empresa Soluciones de Gestión acceso privilegiado a contratos sanitarios del gobierno durante la pandemia, principalmente para la compra de mascarillas, a cambio de comisiones ilegales.
Los implicados en este caso incluyen a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama, quien habría actuado como corruptor y vínculo entre los políticos y la empresa beneficiaria de los contratos presuntamente amañados.
La Fiscalía solicitan penas de 24 años de prisión para el exministro, 19,5 para Koldo García y 7 años para Aldama, cuyo testimonio culminó en la imputación de Ábalos. Debido al estatus aforado de este último, el caso fue trasladado al Supremo.
Ábalos y Koldo, que el 27 de diciembre de 2024 cumplieron un mes en prisión preventiva, enfrentan acusaciones por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada y prevaricación.
En lo que respecta a Aldama, se le imputan delitos similares, además de blanqueo de capitales, y se estima que obtuvo beneficios por aproximadamente 5,5 millones de euros a través de Soluciones de Gestión.
El caso Koldo
La investigación de este caso es una extensión del Caso Mascarillas, que no fue elevado al Supremo debido a que involucra a personas no aforadas. Es dirigida por el juez Ismael Moreno, titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.
Este caso presenta tres vertientes: la adjudicación irregular de obras públicas a determinadas empresas a cambio de sobornos; la contratación en empresas públicas de mujeres asociadas a José Luis Ábalos sin un proceso de selección y sin que se pruebe que desempeñaron su trabajo, y la compra de mascarillas por parte de la empresa de Aldama para los gobiernos de Baleares y Canarias.
Entre los imputados en esta pieza destacan el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Ambos están implicados en la adjudicación de obras públicas y en la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco y Tragsatec.
El caso Hidrocarburos
Cronológicamente, el siguiente asunto que acaparó la atención pública fue el fraude de IVA en la venta de hidrocarburos, en el cual también se involucra a Víctor de Aldama. Este fue detenido en octubre de 2024 y, tras colaborar con la justicia, fue puesto en libertad un mes y medio después.
El juez Santiago Pedraz investiga un supuesto fraude de cerca de 200 millones de euros en el pago del IVA entre 2022 y 2024, llevado a cabo mediante la creación de empresas fantasmas que vendían combustible y desaparecían antes de pagar impuestos.
Los imputados en esta causa incluyen a Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas, y Carmen Pano, quien afirma haber entregado 90.000 euros en efectivo a Ferraz; también está implicada su hija, Leonor González Pano.
En este contexto, José Luis Ábalos aparece mencionado, ya que se sospecha que Rivas trató de «comprar la voluntad» del entonces ministro para facilitar una licencia a la empresa Villafuel, aunque esto sucedió después de que Ábalos fuera cesado.
El caso Cerdán o Servinabar
El testimonio de Aldama y las grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023 pusieron a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, bajo el escrutinio público en junio de 2025.
Cerdán, quien para la Guardia Civil es el líder de la parte de la trama relacionada con la obra pública, fue encarcelado provisionalmente el 30 de junio y permaneció en prisión hasta noviembre, cuando el juez decidió que no había riesgo de alteración de pruebas.
A Cerdán se le imputan delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con adjudicaciones de obras públicas.
Los involucrados en este caso incluyen a Ábalos, Koldo, Aldama, el empresario Antxón Alonso y exdirectivos de varias constructoras, entre ellas Acciona. Se sospecha que la trama otorgaba obras públicas a Acciona, a cambio de que esta empresa ingresara el 2% del monto a Servinabar, compañía vinculada a Cerdán.
Relativo al caso Koldo, el juez Moreno también investiga los pagos en efectivo del PSOE a dirigentes o colaboradores, solicitando documentación sobre todos los pagos entre 2017 y 2024, la cual permanece bajo secreto por la posible afectación de datos personales.
Caso Leire
En mayo de 2025, el diario El Confidencial divulgó audios de Leire Díez, aun militante del PSOE, intentando obtener información comprometida de miembros de la Fiscalía y la Guardia Civil.
Las grabaciones, que llevaron a la apodarla como «la fontanera de Ferraz», mostraron su actuar en nombre del partido, aunque posteriormente negó cualquier vinculación. Hoy ya no es militante. Este caso es llevado por el juez Arturo Zamarriego, donde también están imputados el empresario Javier Pérez-Dolset y el periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.
Caso SEPI
El caso se hizo público en diciembre de 2025 con la detención de Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Se investigan por malversación, tráfico de influencias y organización criminal por el reparto de sobornos en contratos relacionados con la SEPI.
Según la UCO, en uno de los casos, los tres investigados habrían sustraído el 50% de dos contratos adjudicados a Acciona por la empresa pública Enusa, que tiene a varios exdirectivos o exaltos cargos bajo investigación en el caso Cerdán.
En la misma semana de las detenciones, se realizaron cerca de veinte registros y se solicitó información a varias empresas públicas vinculadas a la SEPI, como Forestalia, Enusa, Correos y diversas dependencias de Hacienda y Transición Ecológica.
