MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) – Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han registrado una propuesta en el Congreso que solicita el desarrollo de ayudas que puedan cubrir hasta el 100% del coste de la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos. Este objetivo busca garantizar que todos los hogares cuenten con un sistema de refrigeración o aire acondicionado.
La iniciativa se presenta como una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los grupos parlamentarios, socios a la izquierda del PSOE, demandan un conjunto de medidas destinadas a reforzar las políticas públicas frente a la emergencia climática.
Entre las propuestas, se destaca la necesidad de impulsar la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, combinando soluciones pasivas, como ventilación cruzada, sombreamiento, aislamiento y cubiertas verdes, con sistemas de climatización de alta eficiencia y bajas emisiones, como bombas de calor, aerotermia y geotermia. En este contexto, se sugiere implementar ayudas de carácter progresivo que puedan cubrir «hasta el 100% del coste de la instalación».
Tasa ‘Zucman’
Otra de las propuestas incluidas en la proposición no de ley es la presentación, en un plazo de tres meses, de una propuesta fiscal alineada con la ‘tasa Zucman’. Esta medida tiene como objetivo establecer un suelo impositivo del 2% anual sobre el patrimonio neto de las personas que posean una riqueza superior a los 100 millones de euros.
Asimismo, se solicita el desarrollo de una capa «verde-azul» de infraestructura urbana, que integre corredores de sombra, áreas verdes, fachadas y techos vegetales, y que contemple la renaturalización de ríos urbanos, fuentes públicas, playas fluviales y sistemas de nebulización.
También se propone que el Gobierno reformule el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que fue derogado en el Congreso, transformándolo en un impuesto ambiental finalista y permanente sobre los beneficios de las empresas fósiles, como extracción, refino e importación. Además, se plantea vincular el Fondo Social para el Clima a la ley de comercio de derechos de emisión, con el objetivo de asegurar normativamente el uso de estos fondos para inversiones estructurales en adaptación.
Sistema de Pago por Servicios Ambientales
La propuesta insta al Ejecutivo a establecer un Sistema Estatal de Pago por Servicios Ambientales y de Seguridad, con el fin de convertir los ecosistemas en el Sexto Pilar del Estado del Bienestar.
Los grupos proponentes también abogan por la protección y restauración de ecosistemas marinos y costeros mediante un plan específico que contemple la conservación de posidonias y cetáceos. Este esfuerzo quiere reducir el impacto de la actividad turística y de la contaminación, erradicar la pesca destructiva y crear áreas marinas protegidas con gestión participativa.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de reforzar el compromiso con la protección marina, estableciendo un objetivo del 30% de áreas protegidas, de las cuales al menos un 10% debe ser de protección estricta, en línea con la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea y las demandas de más de 15 organizaciones ecologistas.
Finalmente, los grupos proponentes hacen un llamado a impulsar la adaptación climática en las instituciones, fomentando el relevo generacional y la formación certificada de funcionarios en materia climática. Se sugiere la creación de bolsas de recursos administrativos y una bolsa interadministrativa de talento climático público, así como el desarrollo de una capa administrativa de datos climáticos operativos, accesibles y de interoperabilidad.
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