MADRID, 20 (EUROPA PRESS) — La Dirección General de Consumo, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una importante promotora de festivales de música debido a posibles prácticas abusivas, como la prohibición del acceso al recinto con alimentos y bebidas provenientes del exterior.
Este anuncio fue realizado el lunes por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, quien ha detallado que la empresa involucrada organiza festivales en diversas comunidades autónomas, lo que permite que Consumo tenga competencia para intervenir en este caso.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han aclarado que la Dirección General de Consumo no revelará el nombre de la promotora sancionada durante el transcurso del procedimiento.
Prácticas abusivas en el punto de mira
Entre las prácticas sospechosas señaladas, el ministerio ha destacado la prohibición “expresa y generalizada” de acceder al recinto del festival con comida y bebida del exterior. Esta medida incluiría el registro de los asistentes y la denegación “potencialmente arbitraria” del derecho de acceso.
Adicionalmente, se ha indicado que la promotora podría estar impidiendo que los asistentes salgan y reingresen al recinto libremente, exigiendo un pago adicional para permitir su salida.
Sistemas de pago cuestionados
Otra de las prácticas investigadas es la imposición de un sistema de pago obligatorio mediante pulseras cashless, lo que obligaría a los asistentes a realizar pagos dentro del recinto pero sin posibilidad de reembolso de la cantidad sobrante que quede por debajo de una cantidad mínima. Además, se impondrían gastos de gestión para el reembolso y un límite temporal para utilizarlo.
Según han indicado desde Consumo, estas acciones, de ser confirmadas, constituirían prácticas abusivas que infringirían el artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como otras leyes complementarias. En caso de ser consideradas como infracciones muy graves, las sanciones podrían oscilar entre 100.001 euros y 1.000.000 euros.
Plazo para la resolución del expediente
Con la apertura de este expediente sancionador, se inicia un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y resolución por parte de los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es importante señalar que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
