El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es una iniciativa impulsada por el Gobierno de España para responder a los impactos extremos del cambio climático, tras la devastación de más de 350.000 hectáreas en verano. Este pacto busca trascender los ciclos políticos y las diferencias territoriales, con el objetivo de reforzar la capacidad de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación ante fenómenos climáticos.
El pacto se fundamenta en el conocimiento científico, la anticipación y la cooperación institucional, con el fin de proteger a la ciudadanía, nuestra economía y la rica biodiversidad española. Se propone un marco compartido de compromisos que priorizan la gestión del agua y los bosques, así como incrementar las condiciones laborales de los servicios de emergencia y fomentar una nueva cultura de prevención.
Con la visión de construir una España más resiliente, segura y próspera en el nuevo contexto climático, esta hoja de ruta invita a todas las administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanía a participar activamente en su desarrollo.
Más de 350.000 hectáreas calcinadas y más de 60 grandes incendios empujan al Gobierno a buscar un acuerdo político para afrontar una amenaza cada vez más incontrolable.
Pacto climático de Estado contra los incendios forestales tras el peor verano en décadas
Con más de 350.000 hectáreas calcinadas tras un verano extremadamente caluroso, España se enfrenta a cerrar 2025 con el peor balance de incendios forestales de las últimas tres décadas. Ante este desafío, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a impulsar un pacto climático de Estado para abordar la creciente emergencia del fuego.
Los datos confirman que ha sido un año devastador, evidenciando la vulnerabilidad natural del territorio, influenciada por la geografía de un país que se encuentra al borde de un mar tan cálido como el Mediterráneo, además de olas de calor recurrentes y condiciones climáticas extremas.
Solo en el mes de agosto se quemaron 336.000 hectáreas, concentrándose principalmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que absorbieron casi la totalidad de la superficie quemada.
El presidente ha instado a los grupos parlamentarios a contribuir al pacto de Estado, siendo un escudo para España, que se sitúa en primera línea de la amenaza. Este año, el número de grandes incendios en el país (más de 500 hectáreas) ha superado los 60, una cifra que se aproxima al triple de la media anual de la última década, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Como enfatiza Víctor Resco de Dios, catedrático de ingeniería forestal de la Universidad de Lleida, “no se quemaba tanto en España desde 1994, cuando ardieron casi medio millón de hectáreas”.
Las altas temperaturas estivales son un factor determinante para el fuego. El verano de 2025 ha sido el más caluroso desde que existen registros (desde 1961), según la Agencia Estatal de Meteorología, registrando tres olas de calor: dos que afectaron a la península y Baleares, y una tercera a Canarias. El número de días bajo las condiciones de calor extremo fue de 33, lo que implica que más de un tercio de los días estivales estuvo afectado.
El exceso de combustible en los montes españoles
Otro factor significativo como causa de los incendios ha sido el exceso de combustible acumulado en los bosques. Este fenómeno ha sido propiciado tanto por el abandono rural —que genera más maleza— como por una primavera lluviosa que ha promovido el crecimiento de hierbas, que actúan como combustible fino cuando se secan, facilitando la propagación del fuego.
Este año, se ha registrado el mayor incendio en la península ibérica, que afectó a más de 62.000 hectáreas en Portugal, y también los dos mayores de España: el incendio de Molezuelas, con más de 40.000 hectáreas quemadas, y el de Larouco en Ourense, que ronda cifras similares.
No se había superado nunca la cifra de 10.000 hectáreas quemadas en un solo incendio en Galicia hasta que en 2022 se produjeron los incendios de Courel y el de Carballeda de Valdeorras, que afectaron aproximadamente a 13.000 hectáreas.
A pesar de que el área quemada ha disminuido en los últimos años, se observa una tendencia alcista desde 2018, aunque con excepciones como en 2024, que fue el segundo año con menos superficie arrasada de la década, según Resco de Dios.
“Hemos entrado en la fase en la que los incendios ya no se pueden apagar”, ha advertido el experto.
A pesar de que existen más medios disponibles que en el pasado, extinguir los fuegos forestales se ha vuelto cada vez más complicado. “No hemos solucionado los problemas estructurales”, ha añadido.
El combustible se ha seguido acumulando en los campos desde 1955, que es cuando el éxodo rural alcanzó su pico, y la España rural ha vivido un proceso de despoblación que ha incrementado el problema del abandono de tierras cultivables.
Riesgos añadidos tras el fuego: cenizas y contaminación del agua
Aunque el área quemada ha ido disminuyendo, el fuego forestal en este país, que alberga una notable riqueza en biodiversidad, sigue siendo un desafío difícil de abordar.
Tras los incendios de este verano, el presidente Sánchez se ha comprometido a impulsar un pacto climático de Estado a largo plazo, con una propuesta que incluye 15 ejes y 80 medidas concretas, basándose en un enfoque científico. Así, ha apelado a una “España sensata” y a la colaboración de toda la sociedad para convertir a España en un “referente en esta causa”, buscando así proteger la prosperidad, el empleo, las infraestructuras y minimizar la pérdida de vidas y la seguridad colectiva.
Por otra parte, junto a la devastación ambiental de los incendios forestales, surgen otras amenazas como el arrastre de cenizas en la temporada de lluvias. Este fenómeno no solo agrava la degradación de terrenos calcinados, sino que puede contaminar las aguas de ríos y embalses, poniendo en riesgo la calidad del agua y la salud pública.
