El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo en un hecho histórico que ha fracturado la clase política y las instituciones del país. Este acontecimiento ocurrió el 13 de noviembre de 2025, cuando se hizo pública la sentencia que le impone dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por la revelación de datos reservados relacionados con un caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Primer fiscal general imputado y condenado
García Ortiz se convierte en el primer fiscal general en ser imputado, procesado, juzgado y condenado, una serie de eventos insólitos con una notable carga política detrás, dado el apoyo incondicional que recibió del Gobierno a lo largo del proceso judicial, incluso después de conocerse la sentencia.
A pesar de las múltiples exigencias de cese por parte de la oposición, encabezada por el Partido Popular (PP), y de dos asociaciones fiscales que solicitaron su renuncia, García Ortiz se sentó en el banquillo de los acusados. Su caso ha marcado un precedente judicial significativo, desde su primera declaración en el Supremo el 29 de enero hasta la sentencia final emitida el 9 de diciembre.
El tribunal sorprendió al adelantar el fallo apenas una semana después de las deliberaciones, y sin tener redactada la sentencia, lo que añadió más controversia a un ya tumultuoso proceso judicial.
Los «indicios reforzados» de su implicación
Durante su interrogatorio, García Ortiz negó enérgicamente haber filtrado un correo del 2 de febrero de 2024, que contenía confesiones del abogado de Alberto González Amador sobre delitos fiscales. Al final del juicio, concluyó su declaración afirmando: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende».
Sin embargo, el alto tribunal le sindicatorie por la filtración a la Cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024, señalando que el correo debería atribuirse a él o a alguien de su entorno con su conocimiento. También fue señalado por una nota de prensa de la Fiscalía emitida el 14 de marzo que oficializaba la filtración, lo que fue considerado por el tribunal como una acción que quebrantó su deber de reserva.
El Supremo destacó la existencia de «indicios reforzados» que constituyen un cuadro probatorio sólido y coherente, sin hallar una «explicación alternativa» que cuente su autoría. «El fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito», sentenció el tribunal.
Una renuncia sin esperar a leer la sentencia
Cuatro días después del fallo, García Ortiz renunció sin esperar a conocer el contenido formal de la sentencia, que fue publicada 19 días más tarde. Su renuncia coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del nombramiento de Teresa Peramato como su sustituta, evidenciando aún más la tensión política en relación a este caso.
El desenlace ha exacerbado la dialéctica en el triángulo formado por el Gobierno, el PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El presidente Pedro Sánchez defendió a García Ortiz, sugiriendo que «quien tiene que pedir perdón» es Ayuso; por su parte, el PP acusó a Sánchez de respaldar a un «delincuente». Ayuso, en cambio, advirtió que la sentencia «haría caer a plomo a cualquier gobierno en una democracia liberal».
El futuro del fiscal general
El proceso legal del fiscal general no ha culminado. García Ortiz prevé presentar un recurso, comenzando con un incidente de nulidad en el Supremo antes de elevar el caso al Constitucional, posiblemente incluso a la Justicia europea, apoyándose en los argumentos de las dos magistradas que apoyaron su absolución.
Además, la Inspección de la Fiscalía General deberá determinar si García Ortiz será expulsado o suspendido de su cargo. Aunque el Supremo consideró que esto sería «excesivo», reconoció que las «consecuencias extraprocesales de la condena» se encuentran fuera de su competencia.
