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El 30 de septiembre de 2023, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que llevará a cabo una investigación a empresas que publicitan en España productos o servicios prestados en los territorios palestinos ocupados por Israel.
Según información del Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, esta investigación se basa en el Real Decreto-ley que el Gobierno aprobó la semana pasada, que establece medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
Este decreto, en su artículo 4, prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados, con el fin de limitar el desarrollo de dichos negocios.
En esta línea, la Dirección General de Consumo se enfocará en las empresas que, según la ONU, se están «aprovechando» de esta ocupación. Un informe reciente de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’, indica que hay empresas beneficiándose de esta ocupación ilegal.
El ministro Bustinduy reafirmó en julio su compromiso de utilizar «todos los recursos necesarios» para garantizar que «ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino».
El objetivo del Ministerio es que «todas las empresas con actividad en España abandonen cualquier operación relacionada con la ocupación israelí, sea directa o indirectamente». Esta postura se sustenta en la consideración de que la oferta de estos servicios en España ayuda a «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel».
Asimismo, Consumo recuerda que los negocios que lucran gracias a la ocupación son considerados ilegales bajo el Derecho Internacional. De acuerdo con el informe de Albanese, la Fiscalía de Países Bajos ya está investigando las denuncias por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.
Empresas Españolas en la Mira de la ONU
Recentmente, Naciones Unidas amplió la lista de empresas vinculadas al desarrollo de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, alcanzando un total de 158, entre las que se encuentran cuatro compañías españolas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos añadió 68 nuevas empresas a su lista, que se dedican a «suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, así como las actividades de vigilancia y el uso de recursos naturales para fines comerciales».
Reacciones de las Empresas Españolas
Las compañías españolas mencionadas son Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).
ACS ha declarado que no desarrolla actividad alguna en Israel y ha solicitado a la Oficina de la ONU que retire su nombre de la lista. Por su parte, SEMI, que fue vendida en 2021, ya no forma parte de ACS, según afirmó la empresa.
Ineco también ha rechazado cualquier vínculo con contratos en territorios ilegales, explicando que su inclusión en la lista puede deberse a su trabajo en una línea de tranvía que llega a territorios ocupados, aunque aseguran que solo diseñan un túnel en una parte legal.
Adicionalmente, a partir de octubre de 2023, Ineco ha comenzado un proceso de desvinculación de la administración israelí, negándose a participar en nuevos pedidos.
Por otro lado, CAF, que cuenta con capital público del Gobierno vasco, sí está involucrada en un tranvía que transita por una zona ocupada. Ante la inclusión en la lista de la ONU, emitieron un comunicado subrayando su compromiso de respetar los derechos humanos en Palestina y actuar con altos estándares de integridad y transparencia.
En su comunicado, CAF resaltó su compromiso con la ética empresarial y el respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones, incluyendo toda su cadena de valor.
