El exministro José Luis Ábalos ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la anulación de su procesamiento en relación con la causa sobre la compra de mascarillas. Se considera víctima de una instrucción «desequilibrada», carente de pruebas y fundamentada únicamente en las afirmaciones de la UCO, sintiéndose «abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia».
En su recurso de apelación contra el auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), la defensa de Ábalos expone a lo largo de 78 páginas las diversas diligencias de prueba que solicitó sin éxito al instructor Leopoldo Puente, a quien incide por «asumir a pies juntillas el relato de la fuerza actuante y omitir sistemáticamente la práctica de las evidencias solicitadas por esta representación».
Víctor de Aldama
En su crítica, sostiene que el procedimiento se basa en las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, «sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias». Según él, el presunto pacto con la Fiscalía implica «una suerte de híbrido procesal» que desequilibra el proceso «en perjuicio de quienes no quisieron pactar».
También cuestiona las «gigantescas» cantidades que Aldama atribuye a la trama, mencionando que primero se habló de un millón, luego de dos y ahora «parece que cinco», aunque «no aparecen por parte alguna».
«Solo tergiversando los números se ha llegado a una cifra de apenas 95.000 en diez años, lo que hace una cantidad de apenas 9.500 euros al año. Una supuesta comisión por este importe, debida a la adjudicación de material sanitario ante distintas administraciones, se antoja bastante ridícula», señala respecto al informe patrimonial de la UCO.
Subraya que, en el análisis de sus cuentas bancarias, no se han detectado «desviaciones que se esperarían encontrar si tenemos en cuenta que hablamos de grandes cantidades de dinero de operaciones de distinta magnitud».
Sobre el hecho de que apenas haya retirado dinero de sus cuentas, su abogado recuerda que, durante su mandato como ministro (de junio de 2018 a julio de 2021), «tuvo cubiertos prácticamente la mayoría de los gastos sin necesidad de realizar disposiciones bancarias ni desembolsos», añadiendo que la economía familiar también contaba con los ingresos de su exesposa Carolina Perles. «La terca realidad es que no hay dinero procedente de esas ‘mordidas’ millonarias», concluye.
Sobre las actividades de su hijo Víctor Ábalos
También niega que Koldo fuera «custodio» de su dinero. Explica que este le adelanta el pago de gastos que luego le devuelve. De su hijo, Víctor Ábalos, asegura que sus actividades profesionales en Colombia cumplen con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Respecto a la causa en sí, Ábalos sostiene que los contratos examinados «se ajustaron a la normativa excepcional que les resultaba aplicable, por lo que las operaciones articuladas a través de los mismos no vulneraron la normativa reguladora de la gestión de fondos públicos en general, ni la de contratación pública en particular».
Entre las pruebas denegadas, solicita la anulación del procesamiento para poder acceder a estas antes del juicio. Este incluye el pedido de devolución de un disco duro de su propiedad intervenido en el domicilio de Koldo, cuyo análisis pericial tecnológico considera «crucial» para determinar si se produjo «una investigación clandestina» antes de solicitar al Congreso el suplicatorio para poder imputarle.
También insiste en que se requiera al Ministerio de Transportes que certifique el número de folios entregados a su secretaria entre 2018 y 2021, para demostrar que con ese término no se refería a billetes «como prueba de contraste» a lo mantenido por la UCO.
Además, reitera la necesidad de investigar la distribución de las mascarillas, solicitando a Correos los albaranes de entrega de dicho material procedentes del Ministerio de Transportes, así como la certificación del número de mascarillas sobrantes en el Ministerio tras su distribución.
También se solicita a Transportes que confirme si se facilitó a terceros el acceso a los dependencias donde se guardaban las mascarillas y que se cite como testigos al Subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez y al conductor asignado al Ministerio de Transportes.
